En aproximadamente dos semanas la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados comenzará a estudiar a fondo las observaciones al proyecto de ley. El vicepresidente de la comisión, Henry Merán, se encargó de hacer el anuncio y de especificar que antes de abordar el proyecto, observado el pasado 15 de agosto por el entonces presidente Leonel Fernández, los comisionados deben terminar de trabajar con las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal.
La iniciativa fue observada horas antes de que Fernández entregara las riendas del Poder Ejecutivo a su compañero político Danilo Medina.
En la carta que envió a la cámara acerca de las observaciones, Fernández consideró que la normativa no debe regular al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los entes autónomos ni a los organismos descentralizados de naturaleza financiera. Además dice que el documento violaría la Constitución por no identificar las fuentes de donde saldrían los recursos que alimenten las escalas o topes salariales propuestos.
“Tan pronto terminemos con el Código Procesal Penal vamos a trabajar con la Ley de Salarios”, enfatizó Merán, quien representa a la provincia San Juan.
La “ley de regulación salarial del sector público” es de la autoría del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y ya ha sido discutida intensamente en las dos cámaras legislativas.
El equipo técnico del presidente Danilo Medina le ha dado su visto bueno, lo mismo que la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
Entidades como el Banco Central y la misma Cámara de Diputados llegaron a manifestar que no deben ser incluidas en el marco regulatorio.
En esencia, la iniciativa describe cuánto, cómo y por qué los estamentos públicos deben pagar a sus empleados, ya sean funcionarios, como el contralor Haivanjoe Ng Cortiñas, o miembros del último escalafón estatal, como los encargados de servicios básicos del Ayuntamiento del Distrito.
