Las revelaciones recientes por esta columna sobre la penosa situación de los cementerios públicos, han provocado indignación y han sido muchas las personas que me llamaron o enviaron correos electrónicos para manifestar su rechazo a tan repudiable práctica o denunciar experiencias similares. Un residente en la ciudad de Nueva York que, como miles de dominicanos en el exterior, aspira retornar al país se mostró escandalizado por estos hechos manifestando que cosas como esa lo ponen a pensar si realmente vale la pena su regreso.
Supe de la trágica historia de una familia a quien violaron la tumba de su padre sin que tiempo después se sepa todavía del paradero de sus huesos. Ni la administración del cementerio Cristo Redentor ofreció en su momento una explicación satisfactoria de tan abominable suceso, ni ninguna otra autoridad realizó el obligado desagravio que atenuara el dolor de esa familia. Además, es de general conocimiento que en numerosas ocasiones, para evitar el robo de ataúdes en los cementerios públicos, los deudos al enterrar a sus muertos golpean el féretro en la parte inferior a fin de evitar que los ladrones de tumbas puedan negociarlo posteriormente. También se me informó de un caso en que una familia, consciente de esa posibilidad, contrató un guardián por varios días con la finalidad de que la tumba quedara protegida de la acción de estos violadores profesionales de sepulturas que reinan en esos cementerios.
Que sucedan estas cosas es decepcionante. Sencilla y brutalmente decepcionante. La re-venta de ataúdes sacados de fosas violadas parece un negocio muy lucrativo. Si a esto se agregan los incontables casos de permisos para enterramiento sobre tumbas, sin conocimiento de las familias afectadas, y la falta de cuidado de los cementerios, que presentan un panorama de abandono deprimente, uno tiene que preguntarse: ¿Para qué sirven los ayuntamientos?
