SAN CRISTOBAL. En cada una de las dieciocho salas de audiencias de este distrito judicial, jueces y fiscales dan la impresión de jugar al gato y al ratón: ambos actores del sistema históricamente han vivido en permanente confrontación.
En ese “mar revuelto”, los abogados tienen ganancia de pescadores: se inclinan a favor de los magistrados.
Salvo en el Primer Tribunal Colegiado, donde hay una aparente armonía entre la acusación y el arbitraje, en las demás instancias, incluyendo la del Juez de la Ejecución de la Pena, las decisiones sobre los conflictos estallan más allá de las salas penales. Entonces, se originan los escándalos.
A simple vista esta confrontación asemeja una lucha a muerte entre dos partes que deberían ser garantes en el régimen de impartición de justicia. Sin embargo, cuando se hace un cotejo de las sentencias emitidas por los tribunales sale a flote el meollo del problema: siete de cada diez fallos contradicen las conclusiones del Ministerio Público.
Son “bellaquerías” para el procurador general de la Corte de Apelación, Jesús Fernández Vélez. Se argumenta que el “error” es “la mal sustentación de las pruebas”. Donde más se registran esas “bellaquerías” de los jueces es en la jurisdicción de Instrucción y en la Corte de Apelación, instancia ésta última que regularmente sesiona con tres magistrados, mientras dos casi siempre están ausentes.
“Fíjate en qué consisten las maniobras: excluyen las pruebas, las desestiman por alegada mal sustentación o, simplemente, varían la medida en la Corte para obtener la libertad de los encartados”.
La exclusión de las pruebas se presenta más recurrentemente en la Oficina de Atención Permanente. En ese juzgado en un 80 por ciento se varían las medidas de coerción de prisión preventiva por una garantía económica o la presentación periódica ante el Ministerio Público.
Hay casos, empero, donde ni siquiera se fijan fianzas ni tampoco se toma en cuenta el peligro de fuga del o los imputados, como ocurrió con Leivin Antonio Encarnación, Francisco Ramón Gomera y el haitiano Popi Noel Pie. A los tres se les acusa de desmantelar un puente para vender la estructura metálica poniendo en peligro la seguridad pública, y, pese a que hubo una entrega voluntaria de las pruebas, la jueza suplente Sabrina G. Reyes Soto los dejó en libertad alegando “no imputación objetiva” mediante la resolución 1214-2011, previo al rechazo de los elementos constitutivos de las pruebas establecidos en los presupuestos del proceso de que habla el artículo 227 del Código Procesal Penal.
Las sentencias cuestionadas son muchas y se encuentran en los archivos de todas las instancias. Una reciente fue la dada en la Corte de Apelación: se puso en libertad al principal acusado de un expediente de secuestro, asesinato y descuartizamiento mediante la “revisión” de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva de 18 meses tras ser declarada la complejidad del caso.
Refieren maniobras
Cuando se produce una condena de prisión en el Tribunal Colegiado, la estrategia para lograr la libertad es un mecanismo simple: la defensa recurre ante la Corte y casi siempre, en la revisión del proceso, no se da la ratificación de la pena, sino la reducción de la condena. El caso de Juan Velásquez, condenado por asesinato a 20 años en febrero de 2005, es lo suficientemente ilustrativo de lo que el Ministerio Público denomina “maniobra” de jueces y abogados.
La pena del condenado le fue reducida a tres años, los cuales tenía cumplidos, por lo que salió en libertad. Faustino Pulinario, procurador fiscal, es radical en sus juicios: “Son (los jueces) una jauría que se mueven entre sí para desacreditar el departamento de Justicia”. Los fiscales dudan que surtan efecto las investigaciones del Consejo Judicial. A modo de ejemplo, citan los escándalos en que se había envuelta la jueza Regina Carvajal Vizcaíno.
Defienden a magistrados
Los abogados, sin embargo, no opinan lo mismo. Son aliados de los jueces y en cada denuncia de escándalo que involucra a los magistrados salen en su defensa. El primero en la fila de la defensa lo es el presidente de la filial del Colegio de Abogados, Héctor Emilio Mojica. “Los fiscales son unos vagos, no investigan, sustentan mal expedientes”. En su opinión, los expedientes no son sustentados con los elementos constitutivos de las pruebas, como lo establece taxativamente el Código Procesal Penal, y, en consecuencia, los jueces se ven precisados a pronunciarse contrario a las conclusiones del Ministerio Público.
Consultados en los pasillos del Palacio de Justicia de San Cristóbal, los abogados Rubén Carela y Pablo de la Cruz se pronunciaron también a favor de los jueces. “Hay una campaña mediática en contra de los magistrados. Ellos son garantistas del derecho de los acusados”, opinó Carela.
Opiniones
Jesús F. Vélez
Procurador de Corte
Define como “maniobras” y “bellaquerías” las sentencias que ponen en libertad a inculpados en el crimen organizado. Insiste en que hay una conspiración de los jueces en contra del sistema judicial.
Héctor E. Mojica
Presidente filial CARD
“Los jueces hacen su trabajo. Lo que pasa es que el Ministerio Público, no sólo no sustenta los expedientes, sino que tampoco trabaja. Debemos entender que los jueces son garantes del proceso”.
Faustino Pulinario
Procurador Fiscal
Sostiene que cada vez son más los casos criminales que son “resueltos” por los jueces, pese a la debida sustentación de las pruebas por parte de los investigadores fiscales.
