El exdirigente reformista Ángel Lockward planteó una modificación de los parámetros que utiliza la JCE para mantener la personería jurídica de los partidos. Según Lockward, mediante el sistema actual que utiliza la Junta Central Electoral (JCE) determinadas organizaciones son favorecidas en desmedro de otras.
En su tesis doctoral “El Sistema Electoral Dominicano”, presentada en la Universidad de Castilla La Mancha, Albacete, España, para optar para el doctorado en Derecho Constitucional, mención Derechos Fundamentales, con énfasis en el derecho electoral comparado, Lockward sostiene que el sistema político está compuesto de 26 organizaciones, 24 de ellas, sin relevancia electoral, 23 sin relevancia parlamentaria y 22 que no logran el umbral electoral establecido en la ley. Sin embargo, añade, “por aplicación antojadiza de la JCE esas agrupaciones mantienen la personería jurídica y reciben cientos de millones de pesos para sus operaciones que manejan sin ningún criterio o control.
“Algunos de los partidos no relevantes son de edad muy avanzada, hasta de 46 años, y nunca han logrado representación congresual con votos propios y menos aún, no han obtenido los votos que permiten mantener la personería jurídica y, sin embargo, la JCE no les aplica la Ley. Muchos de ellos, logran menos de un 2% y del 1%, cuando la Ley requiere de un 2%: obtienen la mitad del pedacito de un chin chin”, afirma.
Dijo que “otros, de buen desempeño, como Alianza País, que postuló a Guillermo Moreno en la pasada contienda, el quinto más votado, perdió la personería mediante la Resolución 01-13 de la JCE en lo que constituye un trato desigual en la aplicación de la ley: se elimina al que logró 1.65% y se premia a los que no lograron la décima parte de sus votos”.
Las alianzas políticas en el país constituyen una burla al interés colectivo y a la ley para evitar la aplicación de los umbrales electorales, por un lado y para la obtención de cuotas en el Gobierno, por el otro, agregó.
A su juicio, “las alianzas sirven como base para beneficios financieros derivados de la ley, absolutamente contrarios a la Constitución y permiten que un candidato acumule, en violación a lo establecido en la Constitución, el 76% de la publicidad y el 75% de los fondos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos, lo que es una aberración. Planteó que las alianzas deben ser reformuladas para que motoricen el crecimiento de los partidos y su adecuación, midiéndoles su umbral separadamente, por sus propios votos, a los fines de que permanezcan los que realmente son partidos políticos y no los tarantines políticos.
Lockward fue importante dirigente del PRSC y ha ejercido diferentes puestos en la Administración Pública, entre estos secretario de Industria y Comercio en el gobierno de Hipólito Mejía, y embajador en Colombia, durante la presidencia de Leonel Fernández.
Presidencia de Junta
Municipales a Juez de Paz
Según Lockward, el sistema electoral dominicano produce, partiendo de elecciones “legales”, muchas veces cuestionadas, resultados ilegítimos y sobre todo, instituciones legales, pero ilegítimas, por cuanto no representan la voluntad de los ciudadanos, sino las mañas del diseño electoral e institucional para repartir el poder a espaldas del respaldo electoral.
“Para enfrentar esto se requiere no sólo de una nueva legislación, sino, en particular, de una nueva cultura política de los ciudadanos y de las élites, académicas, profesionales, empresariales y políticas”, dijo.
Consideró “que el país requiere de una Ley Orgánica o Código Electoral, que establezca controles a la JCE, que es un órgano estrictamente administrativo, no una alta corte y que la someta a la Cámara de Cuentas, al Tribunal Superior Administrativo y al Tribunal Superior Electoral (TSE)”.
Además, dijo que se requiere de una nueva Ley del TSE, que organice las garantías jurisdiccionales y disponga el control de los tribunales electorales de primer grado, designando en estos como presidentes a los jueces de paz y, en el exterior, a jueces de primera instancia del Distrito Nacional, con lo que se resuelve el hecho de que el 67% de sus miembros, no son abogados.
También consideró necesario que esa ley organice con las debidas garantías, la vida de los partidos y su financiamiento y que regule, en forma clara, las campañas electorales.
Estima que “la Ley 275-97 ha sido modificada más de diez veces en los últimos 16 años y sigue siendo muy mala ley porque las modificaciones han sido impuestas o negociadas a espaldas de la realidad del sistema de democrático garantizado por la Constitución”.
“Con el sistema electoral como está, nunca habrá procesos libres, democráticos y en igualdad de competencia en el país, puesto que no tenemos regímenes de inhabilidades e incompatibilidades eficaces”, declaró.
El Congreso no representa
A juicio de Lockward, el país “tiene uno de los congresos, más numeroso e ilegítimo de América; un miembro por cada 46 mil habitantes, sólo superado por Uruguay y Paraguay.
En Perú, México y Estados Unidos, hay un legislador por cada 235,000; 321,044 y 582,243 ciudadanos.
“El Senado dominicano, por el mal diseño institucional, es el órgano menos representativo de todas las democracias del mundo, el único, en el mundo, en que la oposición política, no tiene un representante, habiendo logrado mayoría de votos en dos elecciones consecutivas y todo, por el mal diseño constitucional y por escasa transparencia de las autoridades electorales”, dijo.
“La peor tara del sistema políticos dominicano no es la cultura de fraudes, sino la ignorancia de los actores, entre los cuales se lleva la palma, la JCE, que de 92 miembros que ha tenido desde la muerte de Trujillo, ninguno estudió ciencias políticas, derecho público o legislación electoral”, dijo.
