Con mucha frecuencia se esgrime la negativa o renuencia de un periódico a publicar un informe o un artículo de opinión que no se ajustan a sus criterios y políticas editoriales, como la prueba de que se requiere de un método gubernamental para fijar la responsabilidad de los medios de comunicación. Pero obligar a un medio a publicar aquello que considere contrario a su propia escala valorativa, constituye un atentado a la libertad de expresión, que es la base del funcionamiento de una prensa realmente libre y democrática.
Existe todavía en el país mucha confusión, incluso entre periodistas, respecto a los conceptos de libertad de prensa y libertad de expresión, pues aunque ambos se relacionan estrechamente y en muchos sentidos la vigencia de uno depende de la permanencia del otro, son cosas muy distintas con particulares significados. La función social de la prensa ha sido siempre objeto de controversia y es natural que lo siga siendo.
Como la libertad para imprimir diarios y revistas y operar estaciones de radio y televisión y otros medios de comunicación, constituye un elemento vital para la preservación de las demás libertades inherentes a la condición humana, a los gobiernos y a los dictadores les ha bastado siempre suprimirla para ahogar la disidencia y sepultar la democracia.
Los intentos contra la independencia de la prensa datan de los albores mismos del periodismo. La brutalidad que caracterizó la represión de los medios de comunicación años atrás en muchos países, ha dado paso a métodos más sutiles, lo cual no significa que tales esfuerzos hayan amainado. Las amenazas contra la independencia periodística han cobrado la forma de un debate internacional con ribetes doctrinarios.
Cuando ejerce su función crítica con seriedad, la prensa independiente se convierte en el mejor aliado de la democracia e incluso de los gobiernos.
