Ahora, cuando las lujosas pensiones asignadas a los antiguos directivos de la Superintendencia de Bancos tienen indignado a medio país, el debate sobre la pertinencia de la Ley de Salarios se reactiva. El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, convocó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que agilice el conocimiento de la pieza dirigida a construir en el Estado un sistema remunerativo único, justo y equitativo, donde no existan los sueldos discrecionales ni las nóminas misteriosas.
El proyecto es de la autoría del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y cuenta con la aprobación del mismo presidente Danilo Medina. Casi se convierte en ley a finales de la legislatura pasada.
Pero el entonces primer mandatario, Leonel Fernández, horas antes de traspasar el mando a Medina lo observó para pedir que se identifique la fuente de donde saldría la distribución salarial propuesta.
Algunos leyeron esta acción como el ejercicio del veto presidencial, y otros la calificaron como una nueva traba para la ley. En esencia, la iniciativa que estudia la comisión presidida por el diputado Demóstenes Martínez describe cuánto, cómo y por qué los estamentos públicos deben pagar a sus empleados, ya sean funcionarios, como el contralor Haivanjoe NG Cortiñas, o miembros del último escalafón estatal, como los encargados de servicios básicos del Ayuntamiento del Distrito.
En su artículo 5 el texto dice que la política remunerativa del Gobierno Central, el Congreso, las altas cortes, los ayuntamientos, la Cámara de Cuentas y los demás organismos descritos en la Constitución de la República, se regirá por el principio de “equidad, complejidad y riesgo”.
Esto significa que todos los que desempeñen una misma función tendrían derecho a igual beneficio, sin importar sexo, atributos físicos, relaciones personales, origen político, u otros aspectos discriminatorios. En otras palabras, quedaría prohibido que un funcionario asigne a un familiar, amigo, socio u amante un pago superior al de los otros empleados que hacen la misma tarea.
La idea es “a igual trabajo, igual remuneración”, como dice Ramón Ventura Camejo.
Escala pone tope a los ingresos de funcionarios
La pieza tiene escalas salariales revisables cada dos años, tomando en cuenta el índice de inflación del BC. El presidente de la República ganaría RD$450 mil; el del Senado, la Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional RD$400 mil; el del Tribunal Superior Electoral RD$375 mil; y en la Cámara de Cuentas RD$350 mil. Los titulares de ministerios, el Procurador, el Consultor Jurídico y el Contralor, RD$300 mil.
