El proyecto de Ley de Regulación Salarial del Estado sometido por el Ministerio de Administración Pública ha recibido varias críticas.El proyecto de Ley de Regulación Salarial del Estado que el Ministerio de Administración Pública consensuó con el Senado eliminaría los millonarios beneficios económicos que los legisladores reciben por el sólo hecho de sesionar y asistir a sus respectivas comisiones de trabajo.
De acuerdo con la interpretación de Carlos Pimentel, encargado del programa de Transparencia de Participación Ciudadana, la medida se establece en el artículo 32 de la pieza legislativa, donde se advierte que se prohibiría “la concesión de beneficios e incentivos a todo funcionario público de los poderes, entes y órganos del Estado por resultados de gestiones administrativas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia u obligaciones”.
En la actualidad cada uno de los 183 diputados y diputadas, cuyas funciones constitucionales son legislar, fiscalizar al sector público y representar a los votantes, en promedio recibe RD$50 mil al mes, sólo por asistir a las reuniones de comisión y al hemiciclo. El total de este desembolso es cercano a los RD$9 millones 150 mil, una cifra equivalente al salario de 1,663 rasos de la Policía Nacional. Este cobro es independiente del sueldo base del legislador, que es de RD$175 mil 474, más RD$35 mil de gastos de representación (cofrecito) y RD$45 mil de dieta.
“El servidor público, el funcionario, y en este caso los legisladores, tienen un salario para desempeñar sus funciones. Para esto no hay que tener ninguna remuneración adicional. Esto tiene que quedar terminantemente prohibido”, considera Pimentel, seguro de que la herramienta legal también tendría que imponerse en las instituciones del Poder Ejecutivo donde algunos funcionarios ganan dinero por participar de consejos, grupos y sesiones del trabajo propio de sus titularidades.
En el caso de los senadores, cada vez que participan de una sesión reciben RD$3,500, que multiplicado por las tres sesiones semanales indicadas en el reglamento alcanzaría los RD$42 mil mensuales. A este dinero se le tiene que agregar un monto parecido por retribución a los trabajos desempeñados en las comisiones legislativas, los RD$175 mil de sueldo básico, y los RD$50 mil de gastos de representación, y otros recursos para sus labores de asistencia social y oficinas provinciales.
De su lado, el senador Julio César Valentín se mostró en desacuerdo con la presión de algunos sectores para que se les excluya de la ley de salarios, al considerar que la autonomía de fondo y/o salarial son de los puntos importantes de la referida ley.
Subrayó que las presiones siempre van a existir, sin embargo, instó a quienes se han dirigido al Congreso Nacional, donde se ventila el proyecto, a evaluar el promedio de ingreso de sus iguales en Centroamérica.
“Lo que pasa es que no se puede relajar con el tema de la autonomía, relajar con eso de seguir haciendo leyes dando autonomía administrativa para que luego las instituciones dispongan del dinero para beneficio de los actores y no para que el sistema funcione bien”, señaló Valentín.
