Los luctuosos incidentes ocurridos durante las primarias del Partido de la Liberación Dominicana para escoger sus candidatos a alcaldías y otras posiciones a disputarse en las elecciones del 15 de mayo, resaltan la inaplazable necesidad de que el Congreso apruebe, sin más pérdida de tiempo, la ley de partidos políticos. Una ley lo suficientemente estricta para regular los procesos electorales y la vida partidaria y sanear así la actividad que norma la vida de la nación.
El proyecto ha estado congelado en las cámaras desde hace varios años y aunque todos los partidos dicen estar convencidos de su importancia, no han podido ponerse de acuerdo en el Congreso para convertirlo en una ley de la República. Su aprobación no sólo es de la mayor prioridad para sepultar los vicios que contaminan el quehacer político nacional, sino que debe ser sancionada en la próxima legislatura, a iniciarse el próximo 27 de febrero, y puesta en vigencia de inmediato, pues es improbable que el nuevo Congreso resultante de las elecciones de mayo lo haga, a pesar de que la mayoría de los miembros actuales preservarán allí sus puestos.
Hay algunas propuestas del proyecto innegociables. Por ejemplo, la que haría obligatoria la celebración de las primarias de los partidos el mismo día, a fin de evitar la compra de cédulas y otras prácticas indecorosas, que hacen de la actividad política un mal endémico contaminante de toda la vida pública. Esos vicios terribles del sistema afectan la institucionalidad democrática y, por ende, los cimientos del estado de derecho y las libertades públicas.
El archivo de ese proyecto le ha quitado al país una gran oportunidad de adecentar la vida de los partidos, víctimas hoy del transfuguismo, la corrupción y la falta de respeto a las leyes y la Constitución. Su aprobación permitiría el salto de calidad que devolvería la confianza y el respeto de los ciudadanos a la actividad política.
