Mañana la actual legislatura ordinaria cumple un mes, sin que ninguna de las dos cámaras pueda presentar grandes resultados.
Por el contrario, desde la sociedad civil se reclama el nombramiento del Defensor del Pueblo, proyecto que se encuentra estancado en la Cámara de Diputados; mientras se espera la aprobación de piezas tan importantes como el Código Procesal Penal, el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Reforma de la Policía Nacional y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Ninguna avanzó en los últimos doce días de sesiones.
Entre la primera y la segunda semana del período (iniciado el 16 de agosto), el Poder Legislativo estuvo inmerso en un proceso de organización de su agenda, para luego pasar al conocimiento de los proyectos.
En la cámara baja la instalación de los siete nuevos diputados de ultramar fue sucedida por el escándalo del diputado perredeísta Ramón (Papo) Fernández, quien tuvo que renunciar a su inmunidad parlamentaria para cumplir con una condena de seis meses de prisión en Najayo, por sustraer a una menor.
La sentencia contra Fernández emanó de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un legislador que goza de jurisdicción especial.
Entre las propuestas aprobadas en las últimas sesiones sobresale el proyecto que regula la exportación de metales y desperdicios metálicos, de la autoría del perredeísta Carlos Gabriel García.
Desde febrero a mayo pasado el Congreso también mantuvo un pobre desempeño, debido a que sus miembros se dedicaron a las labores proselitistas de sus respectivos partidos políticos.
