Legisladores rechazaron este jueves una amnistía para los hijos de indocumentados como propuso la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Todos coinciden en que la decisión del Tribunal Constitucional amerita buscar un atenuante para los casos de los 22,673 dominicanos de ascendencia haitiana que denuncian fueron excluidos del Registro Civil.
Minou Tavárez Mirabal, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, dijo que habrá que pensar seriamente si una ley de amnistía o desnaturalización afectaría la Constitución.
“Habría que hacer una consulta más exhaustiva, pero lo que sí está claro para mi esa decisión del Tribunal Constitucional obliga a todos los poderes del Estado a ponerse en la misma dirección de buscarle una solución al problema”.
Consideró que no se puede dejar a miles y miles de personas sin documentación, sin derechos que fueron adquiridos, en muchos casos de personas que vinieron aquí traídas por el propio Estado Dominicano.
Virgilio González , diputado del Partido Revolucionario Dominicano por la provincia Duarte, dijo que la comisión de Relaciones Exteriores ha estado valorándola propuesta de FINJUS, como posible salida para legalizar antes de la constitución de 2010 a los ciudadanos que puedan demostrar que sus antepasados residían legalmente en el país.
Consideró que es imposible la aplicación de una amnistía para derogar la sentencia del Tribunal Constitucional, pero es partidario de una solución como la entrega de documentos para legalizar a los que puedan demostrar su descendencia dominicana.
Orlando Espinosa, del PLD por San Cristóbal, estima que la sentencia del Tribunal Constitucional es una amnistía porque es un camino expedito para que quienes no tengan documentos lo logre y hasta de naturalizase dominicano. Entiende que no procede la propuesta de FINJUS.
“Yo no veo por qué el pataleo de mucha gente , no tiene sentido, si la sentencia es mandatoria para Migración y para la Junta”, dijo.
Hugo Núñez del PRD por La Vega considera que la propuesta la ha traido la posición del presidente Danilo Medina de que hará consultas al respecto y ahora se habla de amnistía con la que no está de acuerdo.
Favorece el proceso que realiza la Junta Central Electoral junto a Migración de regular la situación de quienes no están legales. Aclaró que es partidario de que se le dote de sus documentos a los que nacieron en territorio dominicano.
Henry Merán, diputado del PLD por San Juan, consideró peligrosa una ley de amnistía porque habría que “amnistiar” a todos los indocumentados y eso no es lo que ha dispuesto la sentencia del Tribunal Constitucional.
“Creo que lo que se establece y se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional no es aprobar en el Congreso de la República una Amnistía. Lo correcto es hacer un levantamiento, una auditoría de cada uno de los casos y de ahí acogerse a lo que establece la ley 285 de Migración”.
Carlos Gabriel García, del PRD, entiende que a partir de la sentencia , que no se puede atacar desde el punto de vista jurídico, hay que buscarle una salida humana porque no se le debe dar la espalda a esos miles de haitianos que tiene una larga trayectoria en República Dominicana.
Nasser Perdomo, abogado constitucionalista, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional socaba la base del estado de derecho en el país porque ignora el artículo 74 de la Constitución que establece que cuando se trata de derechos humanos las normas deben interpretarse siempre a favor de los derechos.
Afirmó que cuando la sentencia se refiere al tránsito no puede ser a 50 años como se le trata de aplicar a gente nacida aquí y que tiene esa cantidad de años.
Deplora que se ordena a la Junta despojar de sus documentos a miles de personas por vía administrativa cuando la ley establece que se debe revisar cada caso en particular.
“Se va a llamar Ley de Amnistía si se hace, pero hay que recordar que esas personas no han hecho nada malo, que un bebé no puede cometer un fraude y que nacer no es ilegal, pero si es posible porque el artículo 110 de la Constitución dice que las leyes sí pueden ser retroactivas cuando benefician al titular de derechos.
