¿Aceptarían los legisladores que convirtieron en ley el Código Penal, que sus hijas tengan un niño de un delincuente que las haya violado? En el caso hipotético de que la vida de una de sus hermanas corra un alto riesgo de perderse, producto de un embarazo, ¿le permitirían tener la criatura?, ¿pasaría lo mismo en caso de una malformación del feto incompatible con la vida? Estoy seguro de que la respuesta a cada una de estas preguntas sería un contundente no. Harían todo el esfuerzo por preservar la vida de sus hijas, hermanas, madres o cualquier mujer cercana a ellos.
Diputados y senadores, promotores del aprobado Código Penal, hicieron enardecidos discursos en contra de la violencia de género el pasado 25 de noviembre; ¿acaso no se dan cuenta que penalizando totalmente la interrupción del embarazo, ejercen la más brutal de la violencia contra las mujeres? ¿No reparan en que con su decisión están condenando a muerte a las mujeres más pobres? ¿No ven que colocan a la República Dominicana entre los Estados más atrasados del mundo en esta materia? Estoy seguro que la respuesta a cada una de estas preguntas sería un contundente “sí, estamos conscientes”. El problema es que pesó más el miedo y las creencias religiosas particulares, que el compromiso con la definición de leyes que garanticen derechos colectivos.
Es inconcebible que en momentos en que las sociedades democráticas buscan formas de seguir promoviendo avances que se traduzcan en una mejor calidad de vida para su gente, el Congreso dominicano legisle en contra de sus ciudadanas. Timoratos, profundamente conservadores y reaccionarios, los legisladores de todos los partidos aprobaron un nuevo Código Penal obviando las tres causales que habían aprobado antes, en relación a la interrupción del embarazo. Prohibirles a las mujeres y a los profesionales de la salud tener la libertad de decidir, y encima penalizarlos en caso de aborto cuando la vida de la madre corra riesgo, de malformación de una criatura que al final no vivirá o de violación e incesto, es un absoluto abuso de poder.
Ya que primó la hipocresía en el Congreso, corresponde una vez más al Poder Ejecutivo detener este despropósito. Siendo coherente con su decisión anterior, al Presidente le toca observar esta ley, indicándoles a los legisladores que tomen en cuenta la despenalización del aborto en los casos anteriormente señalados. Es urgente la aprobación de un nuevo Código Penal, pero esa urgencia no puede obviar y atropellar la Constitución y diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, en lo que respecta a la vida y la dignidad de las mujeres.
