Con mucho interés, desde el país se le ha estado dando seguimiento a las elecciones llevadas a cabo en el Perú, cuya segunda vuelta se realizó el pasado domingo. La atención en estos comicios viene dada en primer lugar, por la participación como candidata presidencial de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por corrupción y violación a los Derechos Humanos. Hasta una semana antes de las elecciones, las encuestas daban como ganadora a esta candidata. En segundo lugar, estas elecciones han despertado interés por el estrecho margen de diferencia entre el candidato ganador y la segunda mayoría.
Con el 99.5% de las actas contabilizadas, el exministro de Economía Pedro P. Kuczynski había alcanzado el 50.11% de los votos, en tanto que el 49.89% de los electores favorecieron con su voto a la candidata Fujimori. Es decir, una diferencia ya irreversible de apenas un 0.22%. A pesar de la tensión que ha generado esa reducida diferencia, los partidos y sus candidatos han sabido esperar con serenidad los resultados oficiales que deberán dar las autoridades electorales, no ha habido grandes cuestionamientos a la organización del proceso y todo indica que al final estos resultados serán respetados. Eso es una muestra de madurez política.
En la experiencia electoral latinoamericana, las elecciones con resultados cerrados se han constituido en motivo de fuerte conflictividad política. Los dos casos más recientes ocurrieron en el 2006 en las elecciones de Costa Rica y de México. En el primero de estos países, la diferencia entre el Partido de Liberación Nacional (PLN) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) fue de 1.2%. En México, en las elecciones de julio de ese año, la diferencia fue de apenas 0.58% entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Estos resultados generaron serios cuestionamientos y una gran incertidumbre en ambos procesos.
En República Dominicana se tiene la costumbre de desconocer los resultados electorales aún con márgenes amplios de diferencia. Imagínense lo que supondrían unas elecciones con resultados cerrados. Cuestión esta que es muy posible en cualquier sistema electoral, pues en democracia se gana hasta por un voto. Mirar lo que acontece en Perú en materia electoral, nos plantea la necesidad de cambios profundos en la administración electoral, los órganos electorales y los actores políticos. Esto supone la integración de instituciones electorales independientes, una mayor transparencia y rendición de cuentas en la organización de las elecciones, mejorar la gerencia electoral y que los partidos políticos y sus candidatos, entiendan que en los procesos electorales se puede ganar, pero también se puede perder.
