A pesar del aparente progreso y modernidad acontecido en nuestro país en los últimos años en aspectos que son más bien de forma, hemos involucionado en muchos otros de fondo como la institucionalidad.
Y aunque hemos aprobado numerosas leyes tendentes a organizar el Estado y hemos aumentado el aparato estatal creando nuevas instituciones e incrementando el número de funcionarios bajo la excusa de implantar modelos importados como la defensoría del pueblo o los diputados nacionales, lo cierto es que penosamente nuestra institucionalidad lejos de fortalecerse se ha debilitado.
Existen múltiples causas pero una de las más importantes es la errada visión que han tenido nuestras autoridades sobre el ejercicio del poder.
Antes nos quejábamos de que los funcionarios entendían que eran nombrados en una función no para servir sino para beneficiarse y hacer lo propio con su familia y acólitos, designando a muchos como colaboradores y otorgando contratos a cambio de comisiones.
Pero como los seres humanos si se les permite siempre tratan de llegar más lejos, con el paso de los años y ante la ausencia de los debidos castigos, las comisiones no solo se generalizaron y aumentaron sus porcentajes, sino que muchos funcionarios han llegado a los extremos de crear sociedades para beneficiarse directamente de los negocios, todo lo que sucede bajo un silencio cómplice y la irritante impunidad de los escasos casos que llegan a ventilarse en la justicia.
Eso ha ocurrido también con los familiares, ya no se trata solamente de que casi todos los funcionarios emplean a sus familiares y amigos en sus respectivas instituciones o en otras que controla el Gobierno, sino que nuestro servicio exterior que siempre estuvo minado de familiares de funcionarios, ha sido multiplicado pues las posiciones no dan abasto para acomodar a tantos.
Pero tampoco eso ha sido suficiente y ahora resulta que muchos miembros del comité político del partido oficial que no son congresistas, han propiciado que hermanos, hijos o esposas lo sean.
Toda democracia tiene como principio fundamental la separación de los poderes del Estado, pero cómo hablar de separación de poderes cuando el Congreso no solo está controlado absolutamente por el partido en el gobierno sino que el mismo se ha ido llenando de parientes del máximo organismo de ese partido.
Ciertamente que en todas partes del mundo puede haber familias con vocación política acentuada que están o han estado presentes por décadas en la vida pública de sus respectivos países, pero otra cosa es que los poderes del Estado y las instituciones públicas sean colmadas de familiares con el propósito en muchos casos de asegurarles los privilegios de esas posiciones aunque no tengan el perfil idóneo y de convertir organismos de control en meros instrumentos del partido.
Peor aún, ahora resulta que el artículo 90 de la Constitución perdió sentido, el cual ordena que el 16 de agosto de cada año el Senado y la Cámara de Diputados elegirán sus bufetes directivos, pues esta decisión la acaba de tomar el comité político del PLD por este y tres años más. Pero la cereza en el pastel es que la hermana del presidente presidirá la Cámara de Diputados, lo que plantea un evidente conflicto de interés dadas las atribuciones de dicho organismo, como la de acusar ante el Senado a los funcionarios elegidos por voto popular y por el hecho de que eso la convierte en miembro titular del Consejo Nacional de la Magistratura presidido por el presidente de la República. Debemos lamentarnos de que nuestro Estado haya sido convertido en un “family business”, lo que hará que cada vez tengamos menos democracia e institucionalidad.
