El director general de Migración, José Ricardo Taveras, aseguró ayer que otorgar una amnistía migratoria a los haitianos indocumentados que residen en el país, como propuso el jueves la directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sería una gran torpeza de las autoridades dominicanas.
Después de resaltar que ni los organismos ni las jurisdicciones internacionales tienen facultad para inmiscuirse en las políticas migratorias locales, el funcionario dijo que la medida planteada por Valerie Julliand resulta interesante en el plano académico, pero es inviable en la realidad porque en estos momentos Haití se encuentra en condición de “estado colapsado”. Sería, en su opinión, un hecho de “contrasentido”.
Además, Taveras indicó que la Ley General de Migración (285-04) establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (en proceso de aprobación) como mecanismo para abordar el fenómeno de los inmigrantes que no cuenten con las documentaciones oficiales, por lo que cualquier otra acción encaminada con el mismo objetivo confrontaría el mandato del Poder Legislativo.
“¡Está bueno ya de que se esté acosando la imagen de un país solidario, consecuente, y de que se esté presionando para que se hagan amnistías imposibles! Aquí no se puede hacer una política de amnistía. Y el día en que la propongan, y el día que la impulsen el pueblo debe rebelarse contra eso”, declaró el funcionario, evidentemente incómodo.
El director de Migración sostuvo que, antes de opinar sobre temas que corresponden al Congreso Nacional dominicano, las entidades como el PNUD deberían buscar la manera de ayudar a que en Haití se generen empleos y se construyan carreteras, hospitales y escuelas: “La humanidad no le puede dar la espalda a Haití, pero tampoco puede venir a pedir a los dominicanos que carguemos con ese problema”.
José Ricardo Taveras es de los que piensan que a República Dominicana la comunidad internacional la ha tomado como un “zambá” o aguanta golpes del problema haitiano, por no enfrentar el fenómeno desde sus raíces. Desde 1948, dice, Naciones Unidas tiene un diagnostico detallado de lo que realmente hace falta para llevar desarrollo a la vecina República, pero supuestamente no lo aplica por no acarrear con los costos.
Taveras se expresó en estos términos luego de firmar un convenio de colaboración con los directivos de Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), con el objetivo de registrar y entregar documentación a los extranjeros que trabajan en las actividades turísticas formales. La Dirección de Migración tiene el interés de que estos empleados puedan cotizar en el sistema nacional de Seguridad Social.
Por Asonahores firmó el presidente de la organización empresarial, Julio Llibre. La firma se llevó a cabo en el salón de eventos de la institución pública.
La directora del PNUD lanzó su propuesta de amnistía al cierre de un diplomado sobre relaciones binacionales domínico-haitianas. Su planteamiento tiene como beneficiarios primordiales a los haitianos que llevan “muchos” años trabajando en el territorio dominicano, sin que se les reconozca el derecho a tener una identificación del Estado. Valerie Julliand afirmó que esta medida, no contemplada en la Ley de Migración ni en su reglamento, serviría para la convivencia de los dos pueblos.
El Estado dominicano no tiene datos definitivos sobre la cantidad de inmigrantes haitianos residentes en el territorio de manera irregular. Varios funcionarios se han atrevido a referirse a más de un millón.
Centro Bonó
El sacerdote Mario Serrano, director del Centro Bonó, respaldó la ejecución de una amnistía migratoria que favorezca a los haitianos indocumentados que tengan fuertes lazos familiares y sociales en el país.
Serrano dijo que el Estado dominicano bien puede conceder residencias y ciudadanías a los inmigrantes que han dedicado parte de su vida a las actividades productivas de esta nación.
En su planteamiento resalta el hecho de que República Dominicana tiene una alta población de emigrantes que, constantemente, reclaman buen tratamiento en naciones desarrolladas como Estados Unidos.
“Es justo, y se lo merece, por ejemplo, un trabajador de caña que ya hizo una vida aquí, que entregó sus mejores años al trabajo duro”, dijo a elCaribe el sacerdote católico, por vía telefónica.
Serrano cree que un inmigrante que lleve por lo menos 5 años en el territorio podría optar por ser amnistiado. Del mismo modo podrían definirse otras categorías temporales y de índole social.
El Centro Bonó es una de las entidades no gubernamentales que abogan porque se aplique un proceso de regularización de extranjeros con sentido de justicia y racionalidad.
José Ricardo Taveras
Aquí no se puede hacer una política de amnistía, y el día que la propongan el pueblo tiene que salir a protestar”
Convenio para regular trabajadores extranjeros
Asonahores y la Dirección General de Migración firmaron un convenio para regularizar la situación migratoria de miles extranjeros, de procedencias diversas, contratados en la “industria sin chimenea” local.
En el documento los empresarios turísticos se comprometen a entregar a la entidad pública las nóminas en las que aparezcan trabajadores foráneos no incluidos en los registros oficiales. De su parte, la Migración promete flexibilizar sus políticas de seguimiento y sanciones frente a los empleadores que faciliten el proceso de regularización.
El acuerdo es posterior a uno similar que Migración estableció con la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) para documentar a los trabajadores del sector agropecuario.
