A pesar de una serie de acontecimientos violentos en la última década, con saldo de muertos y heridos, de un lado y otro de la frontera, a lo que se agrega una fuerte campaña internacional de descrédito contra el país, las relaciones actuales con Haití distan de ser las más intensas o las más graves.Hacen ya 53 años, en 1963, un delicado incidente diplomático estuvo a punto de conducir a un enfrentamiento bélico, de consecuencias difíciles de calcular. Ocurrió menos de dos días antes del golpe que derrocó la madrugada del 25 de septiembre de ese año al presidente Juan Bosch. Las tensiones entre los dos países venían acentuándose desde mayo de ese año fatídico. Pero la ocupación violenta de la embajada dominicana en Puerto Príncipe por fuerzas policiales haitianas, bajo el pretexto de que allí se daba refugio a un oficial de ese país acusado por el dictador Francois—Papa Doc—Duvalier, del fallido intento de asesinato contra sus hijos mientras se dirigían escoltados hacia el colegio, motivó una airada reacción del presidente Bosch y llevó las relaciones a un punto de congelación en la última semana de septiembre.

Bosch llegó incluso a ordenar una movilización militar e impartió órdenes, que no se cumplieron, a sus jefes de Estado mayor para que se atacara por aire al palacio presidencial haitiano. Las tensiones alcanzaron el más alto nivel y Duvalier llevó el caso ante la asamblea general de la OEA, cuya intervención impidió que los dos gobiernos llevaran sus diferencias al campo de batalla.

Las relaciones han estado matizadas tradicionalmente por agravios que pesan con fuerza demoledora en la psique popular. La ocupación haitiana del territorio nacional de 1822 a 1844, y un siglo después la matanza de ilegales haitianos por fuerzas de la tiranía trujillista, interfiere todavía los vínculos bilaterales.

Definir una política hacia Haití sobre la base de un respeto mutuo, tomando en cuenta el historial de nuestros vínculos y las características de esa relación, es una de nuestras prioridades. La inmigración ilegal es uno de los temas pendientes de abordar con la seriedad y profundidad que amerita.

No se sabe cuántos haitianos viven ilegalmente en el país. Se habla hasta de un millón, lo que representaría cerca del quince por ciento de nuestra población adulta. Sean reales o no las estimaciones, lo cierto es que el aumento de la inmigración agrava los problemas sociales, por efecto de su impacto en el empleo, los servicios hospitalarios, la enseñanza pública y otras áreas de la vida nacional.

Los dominicanos hemos rehuido el debate de este tema, esencial en el marco de las relaciones con el Estado vecino. Una comisión bilateral mixta, creada por gobiernos de ambas naciones para discutir en un plano de franqueza y amistad las diferencias existentes, puede sentar las bases de esa política y buscarle salida a una enorme cantidad de asuntos pendientes todavía de discusión y solución. No es el caso establecer ahora responsabilidad por la carencia de políticas encaminadas a solucionar la inmigración ilegal masiva hacia el territorio nacional, producto tal vez de la indiferencia, la apatía que por décadas ha caracterizado el trato diplomático entre los dos países, como si Haití estuviera bien lejos de nosotros y no al lado nuestro, separado sólo por una frontera frágil de más de trescientos kilómetros de longitud.

Las naciones no se percatan de los peligros que las amenazan, sino cuando ya dejan de serlo y se convierten en una realidad que deben entonces enfrentar en condiciones desventajosas. La cuestión es que si posponemos indefinidamente el tema de la inmigración, en el plazo de una década podríamos vernos con tres millones de ilegales, situación ésta que el país no podría manejar de ningún modo. 

Definir una política hacia Haití sobre la base de un respeto mutuo, tomando en cuenta el historial de nuestros vínculos y las características de esa relación, es una de nuestras prioridades. La inmigración ilegal es uno de los temas pendientes de abordar con la seriedad y profundidad que amerita.

No se sabe cuántos haitianos viven ilegalmente en el país. Sobre la cifra se han hecho infinidad de cálculos. Se habla hasta de un millón, lo que representaría cerca del quince por ciento de la población adulta dominicana. Sean reales o no las estimaciones, lo cierto es que el aumento de la inmigración agrava los problemas sociales, por efecto de su impacto en el empleo, los servicios hospitalarios, la enseñanza pública y otras áreas de la vida nacional.

Los gobiernos han rehuido el debate de este tema esencial en el marco de las relaciones con el estado vecino. Comisiones bilaterales mixtas creadas en las dos últimas décadas por administraciones de ambas naciones para discutir en un plano de franqueza y amistad las diferencias existentes, no se han reunido con la regularidad necesaria y una enorme cantidad de asuntos siguen pendientes de discusión y solución. No es el caso establecer ahora responsabilidad por esta falla, producto tal vez de la indiferencia, la apatía que ha caracterizado el trato diplomático entre los dos países, como si estuviéramos bien lejos uno del otro y no separados sólo por una frontera frágil de más de trescientos kilómetros de longitud.

Por lo general las naciones no se percatan de los peligros que las amenazan, sino cuando ya dejan de serlo y se convierten en una realidad que deben entonces enfrentar en condiciones desventajosas. La cuestión es que si posponemos indefinidamente el tema de la inmigración, en el plazo de una década podríamos vernos con tres millones de ilegales, situación ésta que el país no podría manejar de ningún modo.

Apesar de una serie reciente de acontecimientos violentos de un lado y otro de la frontera, y la polémica sentencia del 169-13 del Tribunal Constitucional que generó fuertes críticas al país en la esfera internacional, las relaciones actuales con Haití distan de ser las más tensas o las más graves en el último siglo.

Hace 51 años un incidente diplomático estuvo a punto de conducir a un enfrentamiento bélico, de consecuencias difíciles de calcular. Ocurrió menos de dos días antes del golpe que derrocó la madrugada del 25 de septiembre de 1963 al presidente Juan Bosch. Las tensiones entre los dos países venían acentuándose desde mayo de ese año fatídico. Pero la ocupación violenta de la embajada dominicana en Puerto Príncipe por fuerzas policiales haitianas, bajo el pretexto de que allí se daba refugio a un oficial de ese país acusado por el dictador Francois-Papa Doc-Duvalier, del fallido intento de asesinato contra sus hijos mientras se dirigían escoltados hacia el colegio, motivó una airada reacción del presidente Bosch y llevó las relaciones a un punto de congelación en la última semana de septiembre.

Bosch llegó incluso a ordenar una movilización militar e impartió órdenes, que no se cumplieron, a sus jefes de Estado mayor para que se atacara por aire al palacio presidencial haitiano. Las tensiones alcanzaron el más alto nivel y Duvalier llevó el caso ante la asamblea general de la OEA, cuya intervención impidió que los dos gobiernos llevaran sus diferencias al campo de batalla. Las relaciones entre ambos países han estado matizadas tradicionalmente por agravios que pesan con fuerza demoledora en la psique popular. El recuerdo de la ocupación haitiana del territorio nacional de 1822 a 1844, y un siglo después la matanza de ilegales haitianos por fuerzas de la tiranía trujillista, interfieren todavía los vínculos bilaterales.

Los conflictos han sido una constante en la historia de las relaciones entre los dos países que compartimos una misma y pequeña isla del Caribe. Sin embargo, las tensiones del presente no han sido ni las más intensas ni las más graves en el último siglo. Hacen cincuenta años, un delicado incidente diplomático estuvo a punto de conducir a un enfrentamiento bélico, de consecuencias difíciles de calcular.

Ocurrió menos de dos días antes del golpe que derrocó la madrugada del 25 de septiembre de 1963 al presidente Juan Bosch. Las tensiones entre los dos países venían acentuándose desde mayo de ese año fatídico. Pero la ocupación violenta de la embajada dominicana en Puerto Príncipe por fuerzas policiales haitianas, bajo el pretexto de que allí se daba refugio a un oficial de ese país acusado por el dictador Francois -Papa Doc- Duvalier, del fallido intento de asesinato contra sus hijos mientras se dirigían escoltados hacia el colegio, motivó una airada reacción del presidente Bosch y llevó las relaciones a un punto de congelación en la última semana de septiembre.

Bosch llegó incluso a ordenar una movilización militar e impartió órdenes, que no se cumplieron, a sus jefes de Estado mayor para que se atacara por aire al palacio presidencial haitiano. Las tensiones alcanzaron el más alto nivel y Duvalier llevó el caso ante la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya intervención impidió que los dos gobiernos llevaran sus diferencias al campo de batalla.

Las relaciones entre ambos países han estado matizadas tradicionalmente por agravios que pesan con fuerza demoledora en la psique popular.
El recuerdo de la ocupación haitiana del territorio nacional desde 1822 hasta 1844, y un siglo después (1937) la matanza de ilegales haitianos por fuerzas de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina, interfiere todavía los vínculos bilaterales.