Nueva vez el poder uniformado, las autoridades del Ministerio Público, la seguridad interna y la administración del Estado en su conjunto, están contra la pared, con un inocultable rebrote de la violencia que ha exasperado al país.
La violencia delincuencial, como expresión más bárbara de la inseguridad ciudadana que ha acompañado a la administración del presidente Leonel Fernández desde 2004, que en un momento incluso llegó a pensarse que era estimulada por la oposición desplazada del poder, se ha constituido en este momento en el mayor foco de preocupación de la sociedad.
De acuerdo a la encuesta Gallup-Hoy de finales de agosto pasado, la delincuencia constituía entonces el segundo foco de preocupación y atención de los dominicanos. El 42 por ciento de los encuestados consideraba que ese es el principal problema, después de la inflación (63%) y por encima del desempleo (40%) y más aún que el desesperante problema de los apagones, considerado por el 38 por ciento de los entrevistados como el principal problema del país.
Ahora, con el rebrote de la violencia, a partir del asesinato de cuatro personas en Santiago, la inseguridad ciudadana, pasa a ser un tema dominante en la agenda social. La reacción de sectores clave de Santiago (representado en la Iglesia Católica, la sociedad civil y los empresarios de esa ciudad), los empresarios de Santo Domingo, a través del grupo de industriales de Haina y la Asociación de Industrias (AIRD), y de la influyente clase media del polígono central del Distrito Nacional, que se auto convocó a través de las redes sociales el pasado miércoles, obliga a los poderes públicos a la acción.
Si el rebrote es la expresión coyuntural que ha hecho volver la mirada al problema, la realidad es que la República vive en un constante estado de violencia, que se manifiesta de diferentes formas. La violencia criminal organizada, como el narcotráfico, las operaciones de bandas de antisociales que perpetran atracos, robos y crímenes, la violencia que genera la Policía, como el asesinato de una muchacha en Sonador, Bonao, la violencia de grupos de presión social que recurren a diversas formas de protestas violentas sin contenido de participación y movilización de los ciudadanos, como las huelgas, interrupciones del tránsito o acciones típicamente terroristas. Y el sicariato al servicio de los criminales, la perversión social y la degradación humana.
Ese entramado de la criminalidad ha reproducido el estado de inseguridad que vive el país en los últimos años. Las cifras son un desafío constante para las autoridades.
CRIMINALIDAD 2009
La violencia dejó un saldo de 1,569 muertes en el 2009, inferior al 2008 que totalizó 1,702, incluyendo los asesinatos de caso Paya, en agosto de ese año, y otros casos de ajustes de cuentas vinculado al crimen organizado o al narcotráfico. Del total de muertes registradas en el 2009, la criminalidad mediante el uso de armas de fuego registró 875 casos y el resto por armas blancas. Agosto y noviembre fueron los meses del año más violentos, con 154 casos.
CRIMINALIDAD EN EL 2010
En el 2010 las muertes violentas registradas en el país fueron 1,819, de las cuales el 53 por ciento de los casos se produjeron en el último cuatrimestre del año (septiembre-diciembre). La mayoría de esos homicidios tuvieron como escenario los asaltos, las riñas vinculadas a la venta y distribución de drogas, ajustes de cuentas y los denominados intercambios de disparos policiales.
Diciembre fue el mes más violento de 2010, con 208 homicidios, según las estadísticas de la Policía Nacional dadas a conocer en enero-marzo de 2011, cuando la institución resaltó que las muertes violentas de ese trimestre totalizaron 164.
CRIMINALIDAD EN EL 2011
De enero a agosto de 2011 las estadísticas registran 1,216 homicidios, una media más o menos idéntica a la del año anterior en ese mismo período. No obstante, la tendencia de la criminalidad es hacia al aumento en los últimos cuatro meses finales del año, como se observa en igual período de 2010. Cabe destacar que entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre del año (36 días) las cifras de víctimas de la violencia es de 86 casos, la mayor cantidad de muertes que registra la criminalidad del país para un período de un mes y seis días. (Tony Pina)
Un elemento que ha estimulado la violencia y especialmente la acción del sicariato, es la presencia de extranjeros organizados en el narcotráfico. Según las propias autoridades, la República Dominicana ha sido convertida por carteles mexicanos en uno de sus centros de operaciones. Desde aquí envían drogas hacia Europa y Estados Unidos.
Al mismo tiempo, es un hecho reconocido también por las autoridades, que el narcotráfico ha penetrado los institutos armados del país. El caso Figueroa Agosto es el más alarmante de todos, pero antes la matanza de Paya sugirió una fuerte entronización del narcotráfico en las Fuerzas Armadas Dominicanas, en particular, en la Marina de Guerra. Ya es raro que no aparezca un uniformado en cualquier caso importante de narcotráfico detectado por las autoridades.
Todo esto se traduce en la necesaria admisión de que hasta ahora las políticas públicas frente al crimen han caído de bruces. El programa que se pretendía como más auspicioso, “Barrio Seguro”, apenas representa una expresión de presencia social del Ministerio de Interior y Policía en los barrios, pero de muy bajo impacto en la seguridad ciudadana.
A todo esto habría que agregar la violencia que genera la sociedad en su expresión más simple, la familia, escenario de tragedias y dramas sobrecogedores, en los cuales las mayores víctimas son las mujeres y muchas veces los niños. Todo se traduce en un incremento de la violencia en el país. Un estudio reciente de Profamilia develó una alta prevalencia de mujeres víctimas de violencia. Dos de cada tres habían sufrido violencia emocional. Una de cada tres había sufrido violencia física. Una de cada tres había experimentado violencia sexual. Una de cada cinco mujeres había experimentado abuso sexual durante la niñez. En la mayoría de los casos de violencia emocional (67%), física (78%) y sexual (77%) fueron perpetrados por la pareja de las víctimas. Y peor aún, el 95% de niños o niñas abusados fueron agredidos por un miembro de la familia.
El panorama de la violencia, bien complejo, obliga a políticas públicas de mayor impacto, según la generalidad de los especialistas. Este sábado, sectores de la sociedad de Santiago han propiciado un diálogo sobre el tema.
La pregunta obligada, ante tan dramática situación, es qué va hacer el gobierno, especialmente ahora, justo en la víspera de un año electoral, período en el que –aún sea por necesidad coyuntural- el gobierno debería hacer lo imposible por contener el problema.
