Los escándalos de corrupción que han sacudido varios gobiernos de América Latina han generado inestabilidad política y económica, producto del anhelo de la ciudadanía de frenar la corrupción y que los actos dolosos no queden impune. Pero esas demandas se han conjugado con los intereses de grupos políticos, fuera y dentro de los partidos políticos, que “pescan en río revuelto” como mecanismo de ascenso al poder.
El fenómeno genera preocupación en la región y de hecho, ya le han puesto nombre como la “judicialización de la política” y/o “politización de la corrupción”, también hay quienes lo denominan el “fenómeno de la antipolítica” refiriéndose básicamente al litoral de los partidos políticos.
La crisis ha tocado básicamente a los gobiernos progresistas de la región y el caso más sonado ha sido el de Brasil tras el destape del caso de corrupción Lava Jato que se llevó de paro a la presidenta de ese país, Dilma Rousseff sin haber concluido su mandato, con ella sacó del poder al Partido de los Trabajadores y tiene en jaque a Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente que ha sido referente mundial. En medio de escándalos de corrupción conocido como “la Línea” cayó el Gobierno de Otto Pérez Molina en Guatemala y ahora el presidente que lo sustituyó, Jimmy Morales, sin experiencia política, enfrenta un escándalo por la detención de un hijo y hermano, acusados de lavado de activos. Morales llegó al poder con más de un 80% de popularidad y un año después su nivel de aceptación es de menor al 19%. Los gobiernos de Michel Bachellet en Chile y de Evo Morales, Bolivia, también han enfrentado crisis por casos de corrupción.
En Argentina hubo cambio de Gobierno en medio de una crisis económica y varios escándalos que salpicaron el Gobierno de Cristina Fernández, Sin embargo, a poco más de un año de un nuevo periodo de gobierno, ese país sigue sumido en una gran recesión económica con una inflación del 40% anual y una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,4%, según los organismos internacionales.
Ahora, otros países de América Latina como Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Panamá, Perú y la República Dominicana enfrentan nuevos escándalos por haber recibido sobornos de la constructora Odebrech a cambio de la asignación de obras públicas.
En el caso específico de la República Dominicana, las autoridades, encabezadas por el Ministerio Público, iniciaron una investigación. No obstante, organizaciones sociales y partidos políticos han convocado una marcha “contra la impunidad” a fin de presionar para que los implicados respondan ante la justicia. “Los ciudadanos tienen que empoderarse para manifestarse contra la corrupción porque eso obstaculiza el desarrollo, ahora la lucha tiene que ser generalizada, no puede ser una lucha encausada ni tipificada en determinados periodos”, consideró el politólogo Freddy Ángel Castro.
Igualmente, consideró que la demanda de la ciudadanía sobre la sanción a la corrupción tendrá que terminar en los tribunales del país porque son los que tienen competencia sancionadora. “La estabilidad política en América Latina está en riesgo sobre todo porque el expediente de Odebrecht quien lo difunde es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y lo que podría generarse es una situación de riesgo político porque los cambios que se han dado en Brasil se pueden repetir en otros estados si esos gobiernos no dan connotaciones claras de que el sistema de justicia sancione la corrupción”, expresó.
Puede generar una crisis si fallan las instituciones
El sociólogo César Cuello dijo que la politización de la corrupción ocurre cuando los mecanismos institucionales para frenar y perseguir ese mal no funcionan. “La infuncionalidad de los mecanismos institucionales de persecución de la corrupción se presta también a que sectores políticos opuestos al Gobierno de turno quieran aprovechar la situación para sacar ventajas políticas. Esto, no tiene nada de extraño, sucede en todas las sociedades democráticas”, dijo el representante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Autoridades tienen que sancionar los culpables
Cuello consideró que en el caso de la República Dominicana hay hechos punibles que las autoridades están en la obligación de investigar y sancionar. “El hecho de que aparezcan sectores políticos de oposición que quieran sacar ventajas de la situación no puede ser un pretexto para que los mecanismos judiciales cumplan con su responsabilidad de investigar y sancionar a los culpables. Tampoco puede ser un pretexto para que los políticos en el poder no faciliten el esclarecimiento de los hechos”, señaló el sociólogo.
