En un período de algo más de 10 años, algunas empresas de construcción brasileñas multiplicaron por 10 sus cifras de negocios, situándose a la par con las más grandes de Europa, y los Estados Unidos. Actualmente, dichas empresas luchan desesperadamente por sobrevivir, en medio de investigaciones criminales, y el pago de altas multas. Su extraordinario ascenso fue seguido por una caída igualmente precipitada. Y es que resulta frecuente la caída de empresas admiradas por su aparente indetenible éxito. Así, Enron colapsó en el 2001 debido a un fraude contable, que provocó, a su vez, el cierre de la auditora Arthur Anderson, que entonces tenía 85,000 empleados. Mas recientemente, en el 2008, el banco de inversión Lehman Brothers fue vendido por dos dólares, en medio de la crisis precipitada por la comercialización de hipotecas basuras. Todas estas caídas poseen un denominador común: estas organizaciones empresariales violaron sistemáticamente las reglas éticas, corrompiéndose internamente, entrando finalmente en conflicto con la ley. La lección es clara: Tarde o temprano, la violación sistemática de las normas éticas, puede causar el desplome de empresas realmente importantes.
Más significativo resulta que las violaciones de las reglas éticas, que tanto daño pueden hacer a las empresas, infligen graves daños a la sociedad. Ningún sistema económico puede resultar estable, si su operación conlleva socavar las bases morales y de justicia social. Tarde o temprano, dicho sistema entrará en crisis, pudiendo poner en peligro las instituciones democráticas. Siendo así, los empresarios necesitamos ir mas allá de las declaraciones a favor de la institucionalidad del país, y mucho menos, reclamarla solamente cuando nuestros intereses económicos son directamente afectados.
Necesitamos dotarnos, pues, de una visión mas amplia: la sociedad debe ser protegida, y para ello debemos convenir en reglas claras de comportamiento ético, mas allá de letreros, donde se proclaman los valores de las empresas. Muchas multinacionales extranjeras publican manuales de comportamiento, detallando la responsabilidad de los ejecutivos al respeto de los derechos humanos, el respeto a las personas, fijando límites concretos a las relaciones con la clase política, etc. Para que el asunto no quede en papel mojado, algunas corporaciones exigen a sus ejecutivos mas importantes firmar certificaciones anuales de su adhesión a dichas normas, y a las leyes anti-corrupción europeas y/o norteamericanas.
En conclusión, los empresarios dominicanos debemos adoptar una estrategia sabia y prudente de defender la sociedad en su sentido más amplio, que no es más que aplicar un concepto de sostenibilidad, que garantice “el equilibrio entre crecimiento económico y el bienestar social.” De lo contrario, enfrentaremos una creciente y riesgosa inestabilidad social, asociada al cuestionamiento de la legitimidad del sistema de la libre empresa.
