La corrupción es el tema del momento, y ojalá no se quede allí, sino que se instale en la mente y el accionar de la ciudadanía. Como es ampliamente conocido, los sobornos de Odebrecht han develado la impresionante magnitud de los recursos envueltos que sólo atisban los enormes beneficios obtenidos de manera fraudulenta en proyectos de infraestructura en el país, no sólo por esa empresa sino también por la cadena de actores participantes en las operaciones. El caso se suma a otros como el del contrato para la adquisición de los aviones Super Tucano, las obras construidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en la gestión del actual senador Félix Bautista, proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) bajo la gestión de Víctor Díaz Rúa, y el llamado Plan RENOVE de renovación de la flota de transporte público, entre otros.
Enfatizar la necesidad de poner la cuestión en primer plano no significa reducir el debate nacional a los temas de corrupción y a aquellos asociados a la ética en el ejercicio público sino más bien de identificar sus implicaciones, y de reconocer cómo, junto a los enormes desbalances de poder y otros elementos, éstos forman parte del tinglado que explica la injusticia, la inequidad, la exclusión y el no ejercicio de derechos, y cómo se convierten en obstáculos para la transformación productiva e institucional.
Servicios básicos comprometidos, oportunidades cercenadas
Generalmente, la corrupción en el Estado se asocia al robo de recursos públicos por diferentes mecanismos como sobreprecios y/o baja calidad de productos y servicios, o la compra de activos públicos a bajos precios. La vinculación más inmediata que se hace de esto, algo que la ciudadanía dominicana no parece apreciar todavía lo suficiente, es que esa apropiación tiende a comprometer la capacidad del Estado de proveer servicios públicos fundamentales para el bienestar general. Si los hospitales públicos y los programas de salud preventiva no cuentan con suficientes recursos, si el Gobierno se resiste a incrementar los salarios de muchos meritorios servidores públicos, si la infraestructura pública y los servicios de justicia son insuficientes, una parte de ello se debe a la apropiación ilegítima de la riqueza pública.
A su vez, en la medida en que la acción del Estado a través de servicios sociales como los de educación y salud es un instrumento crucial para igualar las oportunidades que tienen las personas en la vida, cuando los recursos públicos son ilegítimamente comprometidos, la inequidad es potenciada y la exclusión se perpetúa, condenando a miles sino a millones a la pobreza y negándoles el ejercicio de derechos fundamentales.
Más aún, como los recursos no son suficientes, las demandas por más y mejores servicios públicos tienden a encontrar respuestas en el incremento de las cargas impositivas, frecuentemente sobre la población pobre, y en el endeudamiento público, el cual supone costos acrecentados en el futuro.
La contrapartida de esto es el surgimiento de nuevos grupos económicos o el crecimiento de grupos existentes a partir de las ventajas de tener acceso a recursos públicos, lo que contribuye a concentrar la riqueza y el poder. A su vez, una parte de esos recursos tiene una vocación de fuga al exterior, reduciendo el impacto del gasto público en la economía.
Sin embargo, aunque las implicaciones más directas que tiene la corrupción en la vida de las personas son éstas, hay otras en el ámbito económico que son menos obvias, pero de gran relevancia. Cito dos de ellas: inequidad en la competencia, incertidumbre, y desconfianza en el Estado.
Inequidad en la competencia
Lo más evidente es que la inequidad en la competencia deviene de un tratamiento preferencial a empresas específicas políticamente vinculadas a quienes toman decisiones de gasto en el Estado. Lo que a veces no se ve es que esa inequidad termina en desigualdades en los mercados porque el competidor favorecido ilegítimamente por los recursos públicos tiene, en su trato con el Estado, una palanca que le ayuda a vencer a sus competidores en el mercado. Por ejemplo, el volumen de ventas o la estructura de distribución que le permite construir un contrato con el Estado, le puede ofrecer una posición muy ventajosa frente a la competencia (p.e. por la vía de costos reducidos), la cual que no puede ser igualada por otros que no le venden al Estado.
La consecuencia potencial es menos competencia, mercados más concentrados, precios monopólicos, menos diversidad de oferta, y menos oportunidades de participación económica en esos mercados. No obstante, hay que reconocer que se puede dar el caso de empresas que surgen o crecer sobre la base del trato preferencial e ilegítimo con el Estado y que retan a las empresas dominantes. La mala noticia es que las retadoras pueden terminan coludiendo con las retadas, repartiéndose el pastel.
Incertidumbre y desconfianza en el Estado
Cuando se percibe que la corrupción es amplia, y que los contratos públicos y las regulaciones responden a intereses particulares, se genera incertidumbre, y la inversión comprometida y de largo plazo se tienden a contener.
En el caso de los contratos con el Estado, suele suceder que las ofertas de más calidad, las cuales, frecuentemente no compiten en base a precios, se retraen, dejándole el campo a las de menor calidad y apoyadas por vínculos espurios.
Por otra parte, en estos entornos, las inversiones que se sostienen o se expanden son las oportunistas y cortoplacistas, que buscan un retorno rápido. Suelen buscar expandir ganancias más que otras comprimiendo remuneraciones laborales, y minimizando su cumplimiento tributario y de regulaciones diversas, incluyendo las ambientales.
En el caso de las regulaciones, en la medida en que los intereses particulares las condicionan, los inversionistas de largo plazo suelen desconfiar porque la estabilidad de las reglas y su neutralidad están en entredicho.
En síntesis, el crecimiento con calidad, es decir, estable, de largo plazo, con empleos decentes, socialmente involucrado y que observa las regulaciones, queda comprometido, y le da paso al crecimiento circunstancial y a las inversiones rapaces que se resisten a salarios justos, y regulaciones que defiendan la competencia, a los consumidores y al medioambiente.
Competencia política desigual y desmovilización social
Las consecuencias de la corrupción en el ámbito político son más conocidas. Por un lado, alimentan una competencia política desigual. La acumulación de recursos que generan los tratos espurios con el Estado nutre a los grupos políticos detrás de esas prácticas, esto le da ventaja a quien ejerce el poder y maneja los recursos, contribuyendo a perpetuarle, y erosiona la democracia entendida como una competencia de liderazgos y de propuestas de políticas y de cambio institucional.
En términos político-institucionales, la corrupción contribuye a forjar relaciones entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía que no se fundamentan en derechos ni en objetivos de bienestar colectivo. El Estado tiende a perder su rol de mediador de conflictos sociales y tiende a convertirse en un aparato que sirve a grupos específicos, con frecuencia de las élites tradicionales de la economía y la política.
En el ámbito social, la prevalencia prolongada de prácticas corruptas en el Estado y de un ejercicio clientelista del poder genera desmovilización social. La movilización es un componente crítico en la construcción de instituciones y políticas para el bienestar, no sólo porque canaliza aspiraciones y demandas sino porque contribuye a crear base social para la construcción de nuevos arreglos productivos y distributivos. Pero en la medida en que la corrupción y el clientelismo aparecen como inamovibles, la acción colectiva pierde incentivo y motivación.
Por todo lo anterior, es evidente que hay vínculos íntimos entre la corrupción y la inequidad, el no ejercicio de derechos fundamentales, la falta de oportunidades, la competencia desigual en los mercados y la política, el crecimiento económico de poca calidad y vulnerable, y la debilidad democrática.
De allí que la lucha contra la corrupción no sea sólo sea una contra el robo de lo público. También es la lucha por la igualdad de oportunidades, la equidad, la democracia y el bienestar general.
