El presidente Danilo Medina, juramentó ayer a los integrantes del Comité Nacional Antiterrorismo, quienes tienen la responsabilidad de coordinar estrategias, políticas, y programas que permitan la prevención y persecución del terrorismo.Durante una ceremonia realizada en el Palacio Nacional, el presidente Medina dio a conocer el decreto 147-16, mediante el cual se designa al general de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz como director ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista.
El Comité Nacional Antiterrorista está compuesto por los ministros de Defensa, Máximo William Muñoz Delgado; de Interior y Policía, Ramón Fadul; de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino; de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro y el de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón.
La comisión la conforman además, el jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes; el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; el director general de Migración, Rubén Darío Paulino; de Autoridad Portuaria, Mayobanex Escoto Vásquez; del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alejandro Herrera; del Departamento Aeroportuario, Marino Collante y del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gedeón Santos. Asimismo, Juan Jiménez, viceministro de la Presidencia; Fidias Aristy, presidente del Consejo Nacional de Drogas; Julio César Souffront, director de la DNCD, y Luis Asunción, superintendente de Bancos.
El país tiene primer condenado
Se recuerda que el pasado 8 de marzo, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 35 años de cárcel a Frank Kelyn Holguín, quien es la primera persona condenada en el país por actos de terrorismo. Holguín fue hallado culpable de incendiar un vagón del Metro, donde resultaron varias personas heridas.
La pieza buscar prevenir el flagelo
La Ley 267-08 sobre Terrorismo declara en su Artículo 3 de alto interés nacional la adopción de acciones tendentes a prevenir, detectar, combatir y erradicar los actos de terrorismo. En tal virtud, todos los poderes públicos y organizaciones estatales deberán elaborar y coordinar planes y acciones que procuren el logro de ese objetivo: prevenir el flagelo del terrorismo.
