La decisión del juez de la Suprema Corte, Alejandro Moscoso Segarra, de posponer por un mes la sentencia en el proceso preliminar seguido a Félix Bautista, senador y secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana, al que también pertenece, es una mala señal.
Todo apunta a que a despecho del grueso arsenal de pruebas presentadas en su contra y otras personas identificadas en el expediente como socios en actividades de lavado y otros crímenes para defraudar al Estado, el magistrado archivará el caso declarando un “no ha lugar”, desestimando la petición del Ministerio Público de que se le envíe a juicio de fondo y se les impongan medidas de coerción.
Los temores se basan, por supuesto, en una especulación sustentada en la presunción de que después de 17 audiencias maratónicas, en las que escuchó las pruebas de la acusación y los argumentos de defensa del dirigente político y miembro del Senado de la República, el juez debió haberse forjado una opinión lo suficientemente clara y amplia del caso para no tener que dilatar la sentencia. Se trata de una decisión que todo el país espera con ansiedad, por cuanto se trata de un esfuerzo serio, tal vez sin precedente, de enfrentar la corrupción al más alto nivel político.
Las preguntas siguientes conducen a un laberinto: ¿Qué hará con el expediente en todo ese tiempo? ¿Persigue acaso el aplazamiento que el estallido de algún escándalo, un agravamiento de las tensiones con Haití, o las naturales fricciones de la campaña electoral, virtualmente en marcha, le resten atención al desenlace de este juicio histórico? ¿La lealtad y los afectos partidarios se impondrán al buen derecho y a la sana administración de justicia? Un mes podría ser demasiado tiempo y la espera angustiante, en medio de la incertidumbre que genera una eventual negativa a llevar el caso a un juicio público en que se diriman los méritos de la acusación y la defensa.
