Bajo extremas medidas de seguridad inició anoche el conocimiento de la medida de coerción contra el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, y dos de sus colaboradores.El funcionario municipal, quien se entregó a la Justicia, está acusado de desfalco y malversación de fondos públicos y cuenta con la defensa del exprocurador general, Radhamés Jiménez Peña. La audiencia de medida coerción, que era conocida anoche en el despacho del procurador de la Corte de Apelación, Amado José Rosa, también es contra Fiordaliza Genao, tesorera del cabildo, y Gerson Lizardo, exdirector de nómina.
Antes de iniciarse la medida contra los tres funcionarios, la Policía retiró a cientos de personas que acudieron al Palacio de Justicia, entre los que habían empleados del ayuntamiento con pancartas de apoyo al edil.
Mientras que el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y el Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel) se presentaron al lugar también con pancartas en manos solicitando 30 años de prisión contra el edil, al igual que el reclamo de que devuelva el dinero alegadamente sustraído durante su gestión en el período del 2007 al 2011.
Desde que el alcalde llegó a San Francisco de Macorís fue ingresado al despacho del procurador de la Corte de Apelación, doctor Amado José Rosa.
Al despacho de José Rosa también se presentaron los abogados Isidro Martínez, defensa de Fiordaliza Genao, y el doctor Francisco Francisco, quien representa a Gerson Lizardo.
En tanto que a Rodríguez Grullón también lo defenderá el exjuez de Puerto Plata Juan Núñez Núñez.
Al alcalde lo acompañaron desde Santo Domingo el presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Johnny Jones, y el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Juan de los Santos.
El arresto fue solicitado la semana pasada
El pasado miércoles 26, la Procuraduría General solicitó orden de prisión contra el alcalde Rodríguez Grullón y sus colaboradores, acusados de supuesto manejo irregular de más de 100 millones de pesos. Alegadamente los imputados realizaron un fraude electrónico en la nómina del personal de dicha alcaldía, por un monto aproximado de 25 millones de pesos.
