La Dirección General de Migración (DGM) y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) se reunieron este martes para reiniciar los diálogos para la regularización de la mano extranjera en el sector agropecuario nacional.
Las conversaciones son el marco de reactivar un Acuerdo de Colaboración que firmaron ambas instituciones en 2012, con el objetivo de unir esfuerzos para simplificar los procesos de regularización de la mano de obra extranjera utilizada en este sector.
La JAD, que es la institución más grande que reúne a todo el sector agropecuario de la República Dominicana, servirá como órgano mediador a fin de llegar a un acuerdo para brindar mayor facilidad a sus miembros en cuento a los costos y la simplificación del proceso de legalización de la nomina extranjera.
El encuentro, que contó con la presencia de más de 40 sectores de la economía nacional, comenzó con las palabras de bienvenida del presidente del Consejo de Directores de la JAD, Pedro Brache, quien agradeció la asistencia del director general de Migración así como de los altos funcionarios de esa dependencia del Estado.
Mientras que el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, aseguró que las autoridades de Migración siempre han demostrado una buena voluntad y disposición en establecer facilidades para la aceleración del proceso de regularización.
Benitez también informó que dentro de las facilidades que ha previsto la Dirección General de Migración están la de reducción de las tasas de servicios y que además ha permitido la emisión de un documento provisional para los trabajadores haitianos que no posean su pasaporte para que puedan trabajar mientras el estado haitiano los faculte de sus documentos de lugar.
Por su parte, el director general de Migración, José Ricardo Taveras, advirtió que el tema de la regularización de la mano de obra haitiana en el sector agropecuario debe tomarse como una emergencia, ya que las autoridades están en la obligación de observar y establecer sanciones a las violaciones lo que afectaría a este importante sector productivo nacional ya que las multas oscilan entre 50 a 300 mil pesos.
Taveras dijo, además, que otro problema de la falta de regularización está el tema de que un indocumentado no cotiza ni pertenece al sistema de seguridad social lo que muchas veces se traduce en que las empresas tengan que asumir costos paralelos para la salud de sus empleados no regularizados.
“No podemos seguir incentivando dos sectores, el sector formal y el informal. Tenemos que regular la mano de obra extranjera ya que según la ley un extranjero habilitado para trabajar en nuestro país goza de los mismos derechos y deberes que un trabajador dominicano” enfatizó Tavares.
En el conversatorio que incluyó una sección de preguntas a Taveras por parte de todos los grupos representados por la JAD se concluyó ampliar el espectro de los miembros del diálogo entre los cuales citaron los incumbentes del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Relaciones Exteriores y la de la Tesorería de la Seguridad Social, con miras a integrarlos ya que forman parte clave de la celeridad del proceso.
