Cuando se habla de Internet y fiscalidad, lo primero que se nos viene a la mente son las elevadas cargas impositivas que pesan sobre la compra de los servicios de telecomunicaciones: 18% de ITBIS, 10% de impuesto selectivo al consumo y 2% de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT).
A esto hay que sumar las que gravan los equipos, las cuales incrementan los costos de provisión y acceso. El resultado de todas ellas es un incremento en los precios de acceso y uso, un menor uso y nivel de penetración de Internet en el país en general, y la exclusión de la población pobre del acceso a las tecnologías de la información.
Una parte de esas cargas resultó de la introducción de un impuesto selectivo al consumo de 10% en el marco de la crisis fiscal que desató la quiebra fraudulenta de los bancos en 2003 y 2004. Es decir, en un momento de “excepcionalidad fiscal” se le impuso un impuesto excepcional, en donde el criterio de equidad tuvo un peso importante, atendiendo a que los grupos de ingresos más altos son los que compran estos servicios.
Sin embargo, el acceso y uso de Internet no debe ser considerado, bajo ningún concepto, algo excepcional sino algo esencial para la educación, el trabajo, el ocio, y la transformación tecnológica. Cuestiones tan básicas como aprender, comunicarse, conocer qué pasa en el entorno inmediato y el mundo, y manejar dinero parecen impensables, hoy y en el futuro, sin Internet y sin el uso masivo de las tecnologías de la información.
De hecho, el acceso y apropiación de Internet está cerca de considerarse un bien público. Eso significa que, por un lado, como la educación, los beneficios sociales de un acceso ampliado a Internet son muy elevados. Por el otro, que en condiciones normales de mercado, la oferta privada sería insuficiente para lograr el máximo provecho social. De allí que sea necesario que el Estado actúe no sólo para incrementar la oferta y el acceso sino para garantizar una cobertura universal para toda la población. Esa sería una poderosa arma contra la pobreza y la inequidad porque contribuye a reducir la desigualdad en la información, el aprendizaje y en la adquisición de destrezas.
Si esto es así, entonces es pertinente reclamar no sólo el fin de la excepcionalidad impositiva para el acceso y uso de Internet, es decir, eliminar el 10% del impuesto selectivo al consumo, sino una acción decidida y directa del Estado para ampliar el acceso y apropiación por parte de la población.
Muchos piensan que reducir o eliminar todas las cargas impositivas sobre el tráfico de datos sería la mejor vía para lograr ese objetivo. Pero eso no está del todo claro por dos razones. Primero porque pudiera ser el caso que quienes más se beneficien de una reducción de precios sean quienes ya pueden comprar el servicio, es decir, los estratos de ingreso más elevados.
Segundo, porque los precios no son la única barrera para el acceso, uso y apropiación de Internet. Hay al menos dos más de mucha importancia. Una de ellas es el déficit de infraestructura. Cuando el beneficio privado sea insuficiente para justificar la inversión, el sector público debería intervenir invirtiendo, facilitando condiciones para la participación privada o coordinando e incentivando que se comparta infraestructura para reducir costos. Otra barrera muy relevante es la capacidad de uso de la gente, la cual se asocia a la educación en general, y a la educación en particular para el uso de las tecnologías de la información.
Lo anterior apunta a que aunque la reducción de impuestos es un tema relevante para lograr acceso universal a Internet, no es el único. Gastar en infraestructura, cooperar con el sector privado ejerciendo liderazgo, y gastar en educar, y en facilitar el acceso a quienes están más excluidos, por ejemplo a través de las escuelas, son otras de las grandes tareas que debe asumir el Estado.
En ese sentido, vale la pena preguntarse: ¿cuál es el “balance fiscal de Internet”? ¿Cuánto recauda el gobierno por impuestos sobre estos servicios y cuanto gasta en ellos? Lo más probable es que le ingresa mucho más de lo que gasta, mientras la brecha digital no cede lo suficiente, alimentando la inequidad general.
Que termine la excepcionalidad tributaria y que se gaste mucho más para que la gente pobre tenga acceso es lo mínimo que se debe pedir.
