Representantes del Gobierno, junto a dirigentes del sector empresarial y la sociedad civil, debatieron ayer los retos económicos, políticos, sociales y culturales que enfrenta la zona fronteriza para su desarrollo.Durante el panel “Balance y perspectiva del desarrollo fronterizo en República Dominicana”, directivos de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF) y del Observatorio Político Dominicano, adscrito a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), coincidieron en la necesidad de la revisión de la Ley 28-01 que crea una zona especial de desarrollo fronterizo, la cual abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, así como la urgencia de mejor y mayor gasto público para que la referida zona pueda desarrollarse.
Greidys Roa, investigador de la Unidad de Políticas Públicas, dijo que según el censo realizado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en 2010, la zona fronteriza tiene una población de 475 mil 556 habitantes, quienes en su mayoría viven en condiciones deplorables. De esta población 53 % aún utiliza letrina y 17 % no tiene ningún tipo de servicio sanitario. En tanto que 23 % cocina sus alimentos con leña y 10 % utiliza el carbón. Roa aseguró que 64 % de las personas que viven en la Zona Fronteriza “en pleno siglo XXI no cuenta con un servicio de agua potable dentro de sus hogares”, y que 14 % posee pisos de tierra en sus hogares.
Grandes retos en la frontera
El director de la DGDF, Miguel Bejarán dijo que la grave amenaza del ecosistema fronterizo, empujado por el uso del carbón y la leña que aún persiste en alrededor del 50 % de los hogares, además de la presión ejercida por la migración del pueblo haitiano, constituyen retos importantes que deben ser superados en la frontera y que permitirán el avance.
Ley establece facilidades a empresas
En su artículo 2 la Ley 28-01 establece que todo tipo de empresas permitidas por las leyes dominicanas establecidas y que se establezcan en el futuro, que operen dentro de los límites de las provincias de la zona fronteriza, disfrutarán de una exención de 100% del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias.