La activa participación ciudadana reclamando que cese la impunidad, los planteamientos del sector empresarial, el episcopado dominicano y la comunidad internacional respecto a la corrupción y los escándalos en el Poder Judicial, ponen de manifiesto la gravedad de este flagelo y sobre todo, que este debe ser un tema de prioridad en la agenda del Estado. Las respuestas no pueden ser parciales. Ante un problema sistémico como el de la corrupción, se requieren de soluciones integrarles.
Entre otras, este problema tiene tres aristas fundamentales que deben ser atendidas con igual nivel de importancia. Me refiero a la transparencia, el control y la persecución de los delitos de corrupción. Privilegiar una y descuidar otra, hace que sea insuficiente la lucha contra la corrupción. De ahí la necesaria integralidad de este esfuerzo, que debe expresarse en voluntad política, planes concretos y en una apuesta por el fortalecimiento de las instituciones públicas que tienen un rol en cada una de estas áreas.
La transparencia y el control, tanto interno como externo, atienden el lado de la prevención de prácticas corruptas al interior de la administración pública. La transparencia es posible cuando se garantiza el derecho de los ciudadanos al libre acceso a la información pública; cuando el Estado es capaz de romper con la cultura de la discrecionalidad que existe en muchas de sus instituciones. En la opacidad prosperan los actos corruptos. La atención a temas como contrataciones públicas, transparencia presupuestaria, cuenta única del tesoro o gobierno abierto, evidencian avances en esta materia.
Sin embargo, estos son insuficientes en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues no pasa lo mismo con las otras áreas indicadas. Los incentivos a las prácticas corruptas se podrían reducir significativamente si el país contara con un efectivo sistema nacional de fiscalización y de control. El mismo plantea la integración del control externo, el interno, el político, a cargo del Congreso y el control social. En el país existen serias limitaciones para que estas instituciones, responsables de la fiscalización de la administración de los fondos públicos, cumplan con su rol.
Por otro lado, el sistema de justicia dominicano ha sido incapaz de perseguir y sancionar los múltiples casos de corrupción denunciados. La impunidad ha prevalecido a lo largo de nuestra historia política. La justicia no solo ha protegido a quienes incurren en estas prácticas, sino que se ha hecho parte de ese entramado, como lo evidencian los escándalos más recientes. Un denominador común en los déficits en la lucha anticorrupción, es una débil institucionalidad y una captura del poder político de estas instituciones.
