“Necesitamos líderes que construyan no sus propios egos sino las instituciones bajo su responsabilidad”.

De la autora Susan Cain, es una reflexión que debiéramos tener siempre presente los ciudadanos, ante el personalismo que caracteriza la dirigencia política dominicana, en perjuicio del avance democrático.

Alcanzar un país institucionalmente funcional exige una sociedad vigilante, capaz de distinguir la personalidad política sincera, comprometida con el servicio público y la ética, de aquella orientada por egocentrismos o ambiciones personales, muy típica de nuestra tradición política signada por la malhadada trilogía del autoritarismo, caudillismo y clientelismo. Debemos discriminar bien, aprender a separar la paja del trigo.

Cuidar no dejarnos deslumbrar por políticos “carismáticos” que disfrazan personalistas peligrosos. l

Los enfrentamientos entre los ayuntamientos y las empresas telefónicas por el cobro de arbitrios se han vuelto muy frecuentes y se arrastran desde el año 2009, cuando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el cobro de impuestos desde los cabildos a esas empresas, declarándolas como sujetos no pasivos del pago de tributos de carácter municipal, porque son contribuyentes nacionales.

La sentencia declaró inconstitucional el artículo 284 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, que dispone el pago del 3% de los ingresos brutos de las empresas que usan el suelo, el subsuelo y las vías públicas municipales para instalar sus servicios, porque ese gravamen colinda con los impuestos nacionales. Pero no invalida al cabildo a establecer tarifas por otros conceptos.

Desde esa decisión judicial, las telefónicas han pretendido no pagar ningún impuesto o servicio municipal, pero no debe ser así porque la ley también da la facultad a los cabildos de fijar cobros por permisos de construcción, a través de planeamiento urbano, y por el uso del suelo y subsuelo.

Las diferencias que se han suscitado entre Claro y el Ayuntamiento de San Cristóbal por la negativa de la primera de pagar permisos de construcción y la forma arbitraria en la que se maneja ese cabildo son una muestra de la falta de institucionalidad que prima en muchos municipios. Está claro que las empresas no deben pagar el 3% de sus ingresos brutos a los cabildos, pero deben respetar las reglas que se establezcan en los territorios por otros conceptos. Los cabildos deben considerar que los arbitrios y cobros de servicios no deben hacerse de manera arbitraria, sino que deben establecerse de manera institucional, con la aprobación de ordenanzas desde los Concejos de Regidores,  que se conviertan en normas del municipio que deben ser cumplidas por los munícipes y por las empresas que tengan la intención de establecerse en ese territorio.

El cobro de arbitrios y servicios municipales sigue siendo prerrogativa que tienen los cabildos y se constituyen, muchas veces, en la tabla de salvación para poder financiar los servicios que deben ofrecer.

Las personas, personalidades y funcionarios de países como República Dominicana gastan mucha energía hablando sobre la necesidad de leyes, reformas, incluidas las del género constitucional, para impulsar el progreso, en particular, el avance institucional.

Y no solamente hablamos, también proponemos, creamos, presentamos al Congreso y hasta aprobamos cotidianamente toda esa papelería.

Podemos reunir un extraordinario volumen de documentos que muestran la afirmación anterior. Con el mismo podría formarse una montaña tan alta como el Pico Duarte, y no exageramos. Normalmente, ese esfuerzo, porque en realidad es un enorme ejercicio, va al zafacón del olvido.

Ni siquiera las reformas constitucionales, con todo y el espíritu de las letras escritas en blanco y negro se cumplen a plenitud. Nadie puede olvidar aquella lapidaria expresión del presidente Joaquín Balaguer: la Constitución no es más que un pedazo de papel.

Lo que decimos podría aparentar que se inspira en la experiencia de la gestión pública, pero igual esa conducta,  esa forma de comportarse, también está entronizada en el sector privado, siempre muy llamado a ver fallas en la administración del Estado, pero suele comportarse con parámetros parecidos a los de quienes ejercen el poder público.

Es  parte del ser dominicano, que gusta manejar los asuntos a conveniencia, sin respetar normas y jerarquías y hasta leyes, en atención a intereses particulares. Retener los cambios para armar las cosas desde perspectivas clientelares o de protección de vinculados, sin reparar en los daños que les causan a empresas e instituciones.

Mientras no trabajemos seriamente para erradicar ese proceder, nos será muy difícil conseguir las metas. Seguiremos haciendo formulaciones, identificando formas y proyectos para avanzar, pero con pobres resultados.

Es tiempo de dar respuestas diferentes. No basta con la profesión de fe en lo que hacemos, sino de que nuestras actuaciones se correspondan sincera y  honestamente con nuestra prédica. Que las resoluciones, acuerdos, normas y leyes establecidas sean acatadas por todos. Y no pretender modificarlas por conveniencia de ocasión. Es la única forma de fortalecer las instituciones, y progresar.