Si no se limita el flujo de inmigración ilegal, los conflictos con Haití no terminarán, pondrán al país periódicamente bajo la mira de la comunidad internacional y objeto de observación permanente en materia de derechos humanos. El fenómeno es de tal magnitud que nadie, ni siquiera las autoridades de Migración, tiene idea precisa de cuántos ciudadanos haitianos se encuentran ilegalmente en el territorio nacional.

La excusa para justificar ese éxodo masivo hacia esta parte de la isla carece de asidero. Si se mejoraran las condiciones laborales en las tareas de recolección agrícola y la industria de la construcción reconociera el valor del trabajo de los albañiles, más dominicanos se integrarían a esas faenas. La realidad es que la inmigración ilegal no se ha detenido porque constituye una oportunidad de negocio para mucha gente y un método de reducción de costos en infinidad de actividades económicas, en muchos casos en franca violación y desprecio de leyes que no se observan y la ausencia de autoridad para ejecutarlas.

Cualquiera sea el pretexto que se le dé a la situación, sea que esa mano de obra se necesita para mantener activa la economía o la imposibilidad de establecer controles físicos en la frontera, si la población ilegal continúa en ascenso, llegará el día en que nos arropará. Y si eso llegara a suceder no tendremos medios para ejercer ningún tipo de control sobre ella y esa minoría se convertirá en una fuerza poderosa que influirá en las decisiones de políticas públicas. Porque no se necesita ser fatalista para entender que de hecho esa inmigración alcanza un nivel que escapa a nuestra capacidad para asimilarla.

La opción es reivindicar el derecho a trazar las políticas migratorias bajo criterios propios, sujetas a controles rígidos y en estricto respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, para preservar el honor de nuestros símbolos y tradiciones democráticas. 

Cuando cotejo las reacciones a las denuncias contra el país por el tema migratorio, me asalta el temor de que pudiera estar creciendo entre nosotros un sentimiento de culpa por la penosa situación que enfrenta el pueblo haitiano y, muy especialmente, aquellos que han tenido en el territorio nacional la oportunidad que su nación no les ofreció. No es mi propósito entrar en el estéril debate, en este pequeño espacio, de si esas oportunidades les han servido de algo. Me resisto a añadir otra pérdida de tiempo a una discusión que a lo largo de los años no ha conducido a ninguna parte.

Lo cierto es que a partir de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la República Dominicana ha sido objeto de persistentes críticas, muchas de ellas injustas, que distorsionan la realidad de la inmigración ilegal masiva y creciente, un flujo humano que desborda desde hace tiempo la capacidad nacional para asimilarlo. La imagen que se ha creado de nosotros como nación ha generado estereotipos, contra los cuales el gobierno del presidente Danilo Medina ha tenido que lidiar para hacer entender a la comunidad internacional la validez de los argumentos que sustentan la política migratoria, sustentada en el Plan Nacional de Regulación.

No pretendo sustituir el papel que corresponde a la Cancillería en esa tarea, que por lo visto está siendo muy bien cumplido. Pero me temo que los sufrimientos del pueblo haitiano, agravados por un terrible terremoto y la epidemia de cólera que le siguió, que terminaron destruyendo sus esperanzas de redención, lo estemos asumiendo como culpa nuestra. Por más que quisiéramos, no podemos hacer más de lo que se ha hecho. La situación de Haití no es culpa ni responsabilidad dominicana. Si no lo vemos de este modo, acabaremos eliminando la única oportunidad que disponemos para sentar las bases de la solución del problema migratorio, que es el mayor de cuantos enfrentamos.