El director general de la Policía Nacional inició ayer en el sector 27 de Febrero en el Distrito Nacional, las reuniones de acercamiento de esa entidad con la comunidad, tal como lo manda la Ley Orgánica de ese organismo de seguridad.El director general de la Policía, Nelson Peguero Paredes, se comprometió a ejecutar acciones para garantizar la seguridad de los comunitarios de ese barrio de la capital y expresó que ese tipo de reuniones se realizará de forma rutinaria en diferentes sectores.
Exhortó a los habitantes del barrio 27 de Febrero a crear una comisión de trabajo junto con los miembros policiales de servicio en su sector para dar seguimiento a las labores que se están desarrollando actualmente en esa barriada y prometió a los comunitarios que en los próximos días estará enviando un grupo de agentes policiales para reforzar las acciones preventivas en esa comunidad.
Algunos puntos
El acercamiento de la Policía con la comunidad y la colaboración mutua para luchar juntos contra la criminalidad son algunos de los mandatos de la recién promulgada ley 50-16 para la reforma de la Policía Nacional. La ley manda que la Policía debe atender las sugerencias de las comunidades, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias para mejorar el servicio policial como fundamento para garantizar el Estado de democracia y de derecho.
La Ley Orgánica de la Policía también indica que en sus actuaciones de prevención de la criminalidad, los agentes no podrán excederse en el uso de la fuerza, esa acción solo será lícita cuando sea estrictamente necesaria. En el encuentro estuvieron presentes los líderes comunitarios, representantes de la Iglesia católica, evangélica, comerciantes y moradores del sector, quienes expusieron sus preocupaciones sobre la inseguridad en el barrio.
La sociedad debe observar acciones de PN
La nueva ley de la Policía establece que dada la naturaleza del servicio policial, se hace necesario que las actuaciones de los miembros de la Policía puedan ser sometidas al escrutinio de la sociedad mediante el establecimiento de un régimen disciplinario y ético que fomente una cultura de transparencia y rendición de cuentas para los miembros de la institución de seguridad.
