El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), rechazó ayer que viole la Constitución de la República con un reglamento emitido el 1 de septiembre de 2011.El Indotel observó que, contrario a lo denunciado por la Fundación Prensa y Derecho, dicho reglamento establece que los organismos de investigación del Estado no pueden conservar ningún dato que revele el contenido de la comunicación, salvo aquellos casos que cuenten con orden de autoridad judicial competente.
Se trata del “Reglamento para la obtención y preservación de datos e Informaciones por parte de los proveedores de servicios, en aplicación de las disposiciones de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología”.
El Indotel dijo que la referida pieza “constituye el marco que se aplicará en todo el territorio nacional para la orientación y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios, en aplicación de las disposiciones de la Ley número 53-07 y fue dictado para la viabilidad y aplicación de ésta última”.
La denuncia
El abogado Namphi Rodríguez, quien preside la referida fundación, dijo que Indotel emitió el reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios y que buscan instituir un sistema sin control judicial para la persecución de delitos, lo cual representa una “grosera violación” del derecho a la intimidad y privacidad personal.
Precisó que “el artículo 44 de la Constitución, así como la Convención Americana de Derechos Humanos son muy claros cuando expresan que para la intervención de las comunicaciones privadas de las personas se requiere que haya un proceso judicial abierto y orden de funcionario judicial competente”. La violación a esas disposiciones atentarían contra la libre expresión, la dignidad humana y del debido proceso de ley.
Ante esa situación, llamó al Indotel para que en un plazo de una semana derogue el mencionado reglamento, y advirtió que de lo contrario acudirá al Tribunal Constitucional a reclamar la nulidad absoluta de dicho acto.
Dijo que “esa clase de reglamentos sólo es compatible con un Estado policial, donde los organismos de inteligencia y las autoridades policiales no tienen límites para realizar sus actividades, pero no se puede pretender que en un Estado social y democrático de derecho se pueda actuar sin control judicial”. La resolución 36-00, del año 2000 sanciona a las empresas telefónicas que permitan la interceptación de las comunicaciones y la define como excepción.
