La intención de algunos sectores del empresariado de eliminar incentivos a áreas específicas de la producción ha provocado una división en el sector productivo nacional.El origen de las diferencias es porque sectores de la cúpula empresarial favorecen la eliminación selectiva de los incentivos, mientras otros abogan por la permanencia de todos o su eliminación total, si es que de verdad se tiene la intención de equilibrar y promover la libre competencia.
Las diferencias salieron a flote ayer con un comunicado en el que la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) motivó a algunos de sus afiliados a firmar un documento que exige la eliminación de incentivos a la Ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo.
Sin embargo, los representantes de las organizaciones empresariales de Santiago y de la región del Cibao, que es la más productiva del país, no firmaron el documento, pues entienden que la revisión de los incentivos debe ser equilibrada y no selectiva hacia una legislación que contribuye con la dinamización de la economía en áreas donde el desempleo y las necesidades son muy elevadas, como las poblaciones de la frontera.
En efecto, las grandes empresas del país gozan de incentivos otorgados a través de la Ley de Desarrollo Industrial (ProIndustria), además de facilidades de exoneración de impuestos para la compra de grandes cantidades de combustibles. Pero sobre esas facilidades no se han producido manifestaciones de rechazo, sólo contra la Ley 28-01.
Pero entre los propios empresarios que atacan la ley fronteriza hay posiciones discrepantes, en donde expresan que la imagen del empresariado no se ve bien si se atacan entre sí mismos, en lugar de asumir posiciones unificadoras en procura de mejorar el desarrollo productivo del país. Algunas de las entidades firmantes, entre las que están las pequeñas y medianas empresas, que no gozan de exineraciones de combustibles y de condición de usuarios no regulados para la compra de energía a más bajo costo, por lo que habrían aceptado a regañadientes que las incluyeran en el comunicado que se publicó ayer en la prensa nacional.
La Ley 28-01 ha hecho posible la instalación de 42 empresas en zonas deprimidas de la frontera, pero de ellas, siete son las más grandes y las más atacadas por empresas instaladas en la capital, que denuncian competencia desleal. Sin embargo, la legislación no es discriminatoria, por lo que las empresas de la ciudad pueden instalarse, si así lo desean, en la zona fronteriza y gozar de los incentivos que siguen vigentes.
Piden cambiar lo que deberían defender
Una de las principales exigencias del sector empresarial es el respeto a las reglas de juego, que no se dispongan cambios en legislaciones cuyos objetivos son los de atraer inversión, principalmente extranjera. Sin embargo, en el caso de la Ley 28-01, que apenas tiene cerca de doce años de vigencia, una parte del empresariado reclama que sea modificada, lo cual implicaría un cambio en las reglas de juego que tanto reclama el sector productivo.
