Uno de los imperativos del presente, y del futuro por supuesto, es encontrar la forma de conciliar los logros del crecimiento económico, alcanzado en nuestro país en las últimas décadas, con una mejor y más equitativa distribución de sus frutos. Entre la aceptación de esta realidad y la voluntad para llevarla a la práctica, han mediado abismos insondables.
Desde la fundación de la República, nos ha faltado la decisión necesaria para realizar aquellas empresas que demandan nuestras necesidades, tanto en lo político como en lo privado, entendiendo ese defecto no sólo como el fruto de decisiones y políticas gubernamentales, sino más bien como la falta de vocación general para acometerlas. Este es uno de los puntos, sin embargo, en que la mayoría de los políticos dominicanos, con honrosas excepciones, lucen totalmente parecidos. Por lo general saben identificar las metas sin la misma habilidad para encontrar el camino de su búsqueda. La diferencia entre la inacción, que ha sido tradicionalmente la causa de muchos de nuestros males, y el correcto encauzamiento, es una voz de marcha dictada a tiempo.
La gravedad de nuestros problemas hace imperativo la toma de decisiones inmediatas, a fin de evitar consecuencias sociales peores de las que el pueblo se ha visto precisado a afrontar. La brecha entre la opulencia y la miseria ha seguido expandiéndose en el país, y acelerado a partir del proceso de devaluación que hemos estado sufriendo por décadas. Aquello de que habitamos una tierra de promisión, suena hueco a los oídos de cientos de miles de padres de niños famélicos, que anualmente nacen y mueren en medio de un ambiente de escasez absoluta sin oportunidades ulteriores. Ni siquiera en los períodos de crecimiento económico, se han dado en este país sustanciales avances en el mejoramiento de las condiciones de vida en sentido general. La desigualdad social en el país es humillante.
