Llama la atención el grado de desidia que exhibe la mayoría de la población frente al mal uso de los recursos públicos, la falta de transparencia de los mismos y el agigantamiento del Estado, en contraste con la actitud cada vez más aguerrida de las autoridades y su maquinaria de comunicación en vender la idea de que la presión tributaria en el país es muy baja y que necesitan captar más recursos para poder cumplir con los servicios a su cargo sin ceder un ápice en cuanto a los ajustes fiscales que deberían realizar. Son muchas las razones que explican esta actitud, el equivocado concepto de un Estado benefactor que debe satisfacer de manera personalizada necesidades que deben ser atendidas a través de servicios públicos de calidad, la ignorancia sobre los reales montos que ingresan al Estado aportados por los contribuyentes no solo por impuestos reales, sino por la importante cantidad de impuestos disfrazados que pesan sobre la economía de las personas, y las expectativas de muchos de que el Estado les provea un empleo, una pensión, un contrato o una ayuda, sin que importe si esto lo hace insostenible y cuál es el costo que se deriva para toda la población por este desangramiento de las finanzas públicas.
Los impuestos a los combustibles fueron la salida para cubrir el hueco generado por la eliminación de la comisión cambiaria ante la entrada en vigencia del DR-CAFTA y bajo una fórmula establecida por ley, promovida como un cálculo transparente sujeto al comportamiento de las variables establecidas. Sin embargo existe una fuerte percepción de que sus variables son manipuladas por supuestas conveniencias políticas.
Y el caso es muchas veces peor con la tarifa eléctrica, la cual está plagada de unos subsidios cruzados que son más bien impuestos ocultos no consignados en el presupuesto y que por tanto son manejados de forma discrecional y oscura, al extremo de que aun en el escenario de aplicación más benevolente, en términos de gradualidad de la esperada tarifa técnica, el Estado se ahorraría alrededor de 250 millones de dólares en subsidios. Asimismo la población sabe muy poco sobre el uso de la contribución obligatoria para el desarrollo de las telecomunicaciones ascendente a un 2% que pagamos la inmensa mayoría de los dominicanos y peor aún, ni siquiera existe la conciencia de que como contribuyentes tenemos el derecho a exigir el buen uso de estos fondos para sus debidos propósitos.
Y es que parecería que producto de la errada idea de que lo que es del Estado es para que todos nos apropiemos de una porción, mientras las autoridades sean lo suficientemente hábiles para distribuir dádivas, en vez de ofertar eficientes servicios, proveer empleos agigantando el Estado de forma insostenible, otorgar pensiones discrecionales y mantener una amplia tolerancia a que muchos hagan lo que quieran con su “pedazo” de país en detrimento del derecho de todos; solo los que no se benefician de este absurdo modelo y cumplen con sus deberes estarán deseosos de cambiar el status quo.
Ahora que se avecina un supuesto pacto fiscal que se teme sea simplemente una reforma tributaria más, debemos tomar conciencia que mientras la práctica sea que cada quien se sirva una tajada cada vez más grande del pastel del Estado, por más bonos que se emitan y deuda que se suscriba llegará un momento más temprano que tarde en el que se acabará el pastel y en vez de repartir tajadas de beneficios para algunos, sufriremos las duras consecuencias entre todos.
