Grupos de la sociedad civil realizaron ayer un juicio en el parque La Lira, donde condenaron, simbólicamente, al expresidente Leonel Fernández a 20 años de cárcel.En el “juicio” simbólico, escenificado al aire libre, el exmandatario fue sentenciado por supuestos actos de corrupción y su alegada responsabilidad del déficit fiscal de RD$187 mil millones y, según los actuantes, la pena sería cumplida en la cárcel del kilómetro 15 de Azua.
Bajo una intensa lluvia, el juicio popular realizado en el parque La Lira, de esta capital, decenas de personas presenciaron lo que llamaron el “fin de Leonel”. El dictamen incluyó que la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) sea convertida en un museo contra la corrupción.
En la actividad se observó a dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano de la facción del expresidente Hipólito Mejía, entre estos Franklin García Fermín y Jesús Félix.
Con consignas “Danilo no más impuestos y castigo a los corruptos”, en el juicio popular, Juan Rodríguez Restituyo fungió como fiscal del pueblo, mientras que Manuel María Mercedes, Liberca Reyez y María López actuaron como jueces. La defensa estuvo representada por Héctor Then, con una careta de Marino Vinicio Castillo, y un joven de la Red de Acción Política, actuó como el exmandatario.
El juicio popular se llevó a cabo, de manera simultánea en varios pueblos del país. Tras concluir la actividad, los protestantes se congregaron en la bomba de La Lira.
De su lado, el ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, consideró que las manifestaciones contra la reforma fiscal y el pasado gobierno, no representan ningún atentado contra la seguridad o la paz pública. A su juicio, quienes se manifiestan en el país practican sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Señaló que no crean disturbio alguno.
Acusan de corrupción a Aristipo y a Reinaldo
El Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción (C3) interpuso ayer tres querellas penales ante el Ministerio Público en contra de Leonel Fernández, Aristipo Vidal, Reinaldo Pared Pérez y Frank Rodríguez, acusándolos de actos ilícitos en el manejo de sus funciones. Remberto Pichardo los someterá en el país y luego acusará al Estado en tribunales internacionales.
