Con este tema no se llueve sobre mojado. Al contrario, hay que escribir y hablar lo más que se pueda, siempre que sea alejado de fanatismos y/o de intereses reprochables. Un paso en falso puede ser fatal, que incluye hasta un detalle que para muchos podría ser insignificante. Desde hace años, con relación a Haití, estamos en el ojo del huracán, y ahora expuestos frente a la comunidad internacional como pocas veces en nuestra historia.
Ayer venció el plazo para que los ciudadanos ilegales que viven entre nosotros pudieran registrarse en el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros. No todos tuvieron la oportunidad de hacerlo, en especial los haitianos, esencialmente porque no recibieron el apoyo de su propio gobierno, que no les facilitó los documentos de identificación requeridos. Eso nadie lo niega. Las autoridades haitianas no pueden alegar su propia falta para culparnos de las dificultades.
El Gobierno dominicano hizo un gran esfuerzo para que este plan fuera exitoso. Erogó cientos de millones de pesos; hizo una campaña para que los interesados se acercaran a los centros de regulación; se reunió las veces que fue necesario con las autoridades haitianas y con grupos de la sociedad civil con incidencia en el importante asunto. Actuó de buena fe y apegado a las normas.
Ahora viene el punto más difícil: las deportaciones, un derecho legítimo que tenemos, y al cual recurren casi todas las naciones del mundo. La pregunta es cómo hacerlas en los hechos, en la realidad, respetando la Ley y los derechos humanos. Aquí está nuestro gran reto.
De nuestra parte, tres instituciones tendrán la mayor responsabilidad: el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por Andrés Navarro, una persona sensata, responsable, prudente y efectiva; el Ministro de Interior y Policía, encabezado por Ramón Fadul, un zorro de la política criolla, que no le tiembla el pulso para cumplir su deber; y por la Dirección General Migración, guiada por el Mayor General de Migración, Rubén Paulino Sem, un militar que hará lo correcto, capacitado y con excelentes relaciones humanas.
Ya nuestro canciller expresó que no habrá deportaciones masivas y que incluso hay un plazo de 45 días para entregar documentos definitivos y provisionales según el caso de la persona que se haya registrado. Aquí resalto que quienes no lo hicieron no se benefician de la medida. Contamos con un completo Protocolo de Deportación, donde se tratará al afectado con toda la dignidad posible, todo en coordinación con el gobierno haitiano.
Estemos atentos. Confío en que este delicado proceso lo haremos de la mejor manera posible, a sabiendas de que comoquiera algunos nos lanzarán las acusaciones de siempre, tanto desde aquí como desde otras tierras.
