Luego de que se nos vendiera por años que la administración de Leonel Fernández había logrado unos inusitados niveles de crecimiento económico, resulta que no era así, pues el nuevo gobierno del mismo partido ha tenido que revelar, aunque tímidamente, que lo que recibió de su antecesor no fue un país en crecimiento con una economía sólida, sino una alarmante situación con un déficit fiscal acumulado del sector público consolidado que se proyecta en alrededor de RD$187 mil millones, equivalente al 8% del PIB, situación que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal.
Aunque buena parte del equipo económico de las dos recién pasadas administraciones permanece en funciones, no pudieron dejar de admitir este enorme déficit y su peligrosidad, aunque han intentado buscar justificaciones fútiles al mismo en la caída de unos sobre-estimados ingresos para el año en curso y las transferencias al sector eléctrico, que habían sido deliberadamente subestimadas. Lo cierto es que el gasto se expandió en proporciones sin precedentes por dos factores políticos: la imperiosa necesidad que sentía el partido oficial de que su candidato ganara para mantenerse en el poder y el desmedido deseo del presidente saliente de preparar la plataforma para su retorno en el 2016 gracias a la modificación constitucional que hizo para poder reelegirse nuevamente; disponiendo aumentos en las partidas de gastos de capital sin precedentes y por encima de todas las previsiones presupuestarias, para la terminación o simple inauguración de obras.
Por esto no debe sorprender que el mayor porcentaje del enorme déficit se produjera precisamente en el período junio-agosto, esto es, una vez terminada la campaña electoral con la culminación de las elecciones. Todos recordamos las quiebras fraudulentas de grandes bancos en el año 2003, la debacle económica que esto produjo y sus consecuencias, hechos que el partido oficial y sus aliados convirtieron en su principal ataque al partido de oposición en la recién pasada campaña electoral, presentándose ellos como la alternativa que aseguraba la buena gestión económica.
Pero resulta que el déficit que dejó la pasada administración sin que se registraran afortunadamente quiebras bancarias, asciende a un 8% del PIB, el doble del estimado por el FMI en el desastroso año 2004. Como si nada hubiera pasado las presentes autoridades impondrán una nueva reforma tributaria para cubrir el déficit, bajo excusas baladíes de sostenibilidad fiscal y desarrollo sostenible; la cual, lejos de beneficiar a todos, como irónicamente alegan, simplemente nos hará cargar con la responsabilidad de lo que otros hicieron.
La realidad es que nos habían vendido una gran mentira y que si seguimos sin reaccionar y exigir que se establezcan causas, se identifiquen violaciones cometidas y que se tomen medidas para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir; seguiremos atrapados en un círculo vicioso de intereses políticos que manejan el erario a su discreción irrespetando la Constitución, las leyes y la moral; desangrando nuestros bolsillos para su beneficio propio sin mejorar en nada los problemas fundamentales de la nación.
