El Gobierno contempla la posibilidad de revisar el contrato que le otorga la administración de los aeropuertos estatales privados a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).Para tales fines, según dijo una fuente a elCaribe, el Gobierno proyecta reunirse con los principales socios y ejecutivos de la firma, en encuentros que serían paralelos a otros que proyecta una comisión senatorial que ha sido encargada de investigar los detalles de una emisión de bonos por US$550 millones acordada por Aerodom en noviembre del 2012.
El monto de esa emisión ha sido cuestionado y puesto en debate luego de una denuncia del senador por San José de Ocoa, Carlos Castillo. El legislador cuestionó el elevado endeudamiento que implica la emisión, y las pocas inversiones que ha hecho la empresa, que tiene bajo concesión los aeropuertos Las Américas, Barahona (María Montez), Puerto Plata (Gregorio Luperón) y Samaná.
Sánchez Roa
También el senador Adriano Sánchez Rosa, quien preside la comisión designada por la Cámara Alta para investigar la denuncia, ha hecho pronunciamientos críticos contra Aerodom, por entender que hay contradicciones en las declaraciones de la empresa relativas a su posición financiera. Ha expresado que para buscar un aumento del impuesto de salida cobrado a los viajeros, la empresa planteaba pérdidas, mientras que para la emisión de los bonos presentó una posición financiera más holgada.
El pasado martes, el presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, pidió al presidente Danilo Medina rescindir el contrato que le concedió la administración de los aeropuertos estatales a Aerodom, por considerarlo lesivo al interés nacional.
Asimismo, De la Rosa Tiburcio anunció que un equipo de abogados de Adocco prepara una instancia para llevar el caso al Tribunal Constitucional, si el Gobierno no rescinde la concesión. Expresó que en la concesión de los aeropuertos el Estado salió perjudicado en todos los ángulos, porque cedió el cobro de tasas aeroportuarias, dejó de recibir unos US$100 millones por impuesto a la ganancia de capital derivados de la cesión de los derechos de la concesionaria original a otra empresa, y además las terminales no han sido objeto de ninguna inversión adicional.
Ayer, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) pidió al Senado intervenir e investigar las operaciones de Aerodom, incluyendo la venta y traspaso de las acciones del Grupo Abrisa, original propietaria de la concesión, a la empresa Advent International, actual dueña de Aerodom. Recordó que el traspaso de la acciones se realizó en el año 2008, sin que hasta la fecha se registre en Impuestos Internos pago alguno por la ganancia del capital de la referida venta, tributos que superarían los 100 millones de dólares dejados de pagar al fisco, conforme a estimaciones producto del precio objeto de la operación.
