Existe un reconocimiento generalizado de que en los distintos países de la región, con sus excepciones, se ha alcanzado una importante estabilidad en relación al funcionamiento de sus sistemas electorales.El Índice de Democracia Electoral (IDE) en América Latina, elaborado por el PNUD, establece que la democracia en esta parte del mundo ha mejorado de manera notable en sus procedimientos electorales en los últimos 30 años.
La República Dominicana, sobre todo a partir de las elecciones de 1996, se inscribe en el conjunto de países latinoamericanos que han experimentado avances en la administración de sus procesos electorales.
Sin embargo, a pesar de estos avances, las elecciones dominicanas siguen teniendo serias dificultades que requieren de respuestas urgentes. La democracia electoral en el país no ha abarcado ámbitos fundamentales que permitan garantizar la equidad y la transparencia en los comicios nacionales.
Una de las características de este sistema electoral es la falta de una regulación efectiva del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Esto genera riesgos muy altos de que dinero ilícito, procedente del crimen organizado, pueda infiltrar la actividad política.
A lo anterior se suma la práctica de clientelismo generalizado siempre presente en las elecciones y de uso abusivo de los recursos del Estado para favorecer a determinados candidatos. Esto afecta la equidad en la competencia electoral y el ejercicio en libertad del derecho al voto de los dominicanos y dominicanas. Otro de los problemas en las elecciones en el país, tiene que ver con el acceso de los partidos en condiciones de equidad a los medios de comunicación y su relación con la libertad de expresión.
Esta situación descrita erosiona la confianza ciudadana en los procesos electorales dominicanos. Esta confianza se ve aún más afectada, si los órganos electorales, como el caso dominicano, son seleccionados sobre la base del criterio de repartición partidaria y por lo tanto, carecen de la autonomía necesaria para administrar de manera independiente las elecciones.
Un proceso electoral como el actual, en el que las encuestas indican la posibilidad de tener resultados ajustados entre las dos principales fuerzas políticas, requiere ser revestido de la mayor confianza entre los distintos actores políticos, sociales y económicos. Para ello es necesaria la aprobación de las reformas pendientes en materia electoral.
Pero lo más importante, es que la Junta Central Electoral, a pesar de su falla de origen, se disponga a ganar legitimidad en su desempeño, actuando con independencia y con la suficiente apertura democrática para resolver los problemas internos que están afectando su credibilidad.
