A partir de la promulgación de la Constitución Dominicana, el 26 de enero del año 2010, nuestro país se autoproclamó como un Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual implica que las organizaciones políticas que accedan o pretendan acceder a la conducción del Estado deberán actuar con apego a la dignidad de las personas, entre muchos otros compromisos fundamentales para garantizar la vida en sociedad.
Lo anterior implica que las y los dirigentes políticos deberán construir los conocimientos pertinentes y desarrollar las habilidades y competencias necesarias para afrontar con éxito los retos y desafíos que en cada momento se les presentan al país, en el camino hacia el pleno desarrollo económico, político, social y cultural. Para este propósito, los partidos políticos deberán ofrecer una formación política que garantice que sus dirigentes estén en condiciones de asumir e interpretar las necesidades y expectativas de las y los ciudadanos.
Tomando en consideración la complejidad y rapidez de los cambios que se producen en el mundo en todos los órdenes, las organizaciones políticas deberán promover procesos reflexivos que las coloquen a la altura de las necesidades del pueblo, para lo cual deben mantener a toda su militancia debidamente formada y actualizada, para hacer de la política una enriquecedora experiencia de servicio, enaltecida por los más elevados valores éticos, y una herramienta de transformación social en beneficio de cada dominicano y dominicana, en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
En esa dirección, es importante reiterar que la sin igual transformación que experimenta hoy el mundo, y en especial Latinoamérica y el Caribe, ha ido provocando un deterioro progresivo del nivel de credibilidad y confianza en los partidos políticos como medio para promover e impulsar soluciones pertinentes y oportunas a los grandes y profundos problemas que estamos viviendo en los ámbitos sociales, económicos y culturales. Ante esa realidad, los partidos están en la obligación de priorizar la formación política de su militancia como el camino más expedito para el fortalecimiento institucional.
En los procesos de consolidación partidaria es preciso estimular el debate interno, abierto a las nuevas ideas y diversas perspectivas que puedan enriquecer la organización. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por ejemplo, en correspondencia con sus principios, está comprometido con una visión actualizada de la política, con un nuevo paradigma de organización que incida en las nuevas realidades del entorno patrio y del mundo moderno.
El PLD está llamado a interpretar y expresar el sentir mayoritario de las y los dominicanos; ratificando el compromiso histórico de los peledeístas con las posiciones patrióticas, con una conducta ética en la política, con una vocación de servicio al país, con la lucha contra las desigualdades sociales y contra toda forma de discriminación social, de género o política.
Para avanzar en la concreción de esas aspiraciones, la Secretaría de Formación Política del PLD está comprometida con la promoción y el desarrollo de una plataforma programática que garantice a las y los militantes del PLD la capacidad requerida para encarnar, asumir y defender las más legítimas aspiraciones y expectativas de la sociedad dominicana, acompañándola por el sendero del desarrollo, la solidaridad, la convivencia, la justicia social pacífica, el respeto y la vigencia de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Si de verdad tenemos el compromiso antes enunciado, necesitamos contar con dirigentes con una formación política de calidad, que los coloque en condiciones de asumir y defender los mejores intereses del pueblo dominicano para seguir avanzando hacia una sociedad dominicana cada vez más desarrollada, igualitaria y moderna.
La formación política en el PLD es, en consecuencia, una herramienta básica para alcanzar el sueño de los fundadores de la República Dominicana y del Profesor Juan Bosch, nuestro líder de siempre; de contar con un Estado digno que redima al pueblo dominicano de la pobreza, y donde impere una verdadera justicia social, aspiración que recoge nuestra Constitución Política promulgada hace cuatro años.
