La Fundación Primero Justicia interpuso este miércoles impungnó los contratos de concesión suscritos por el Estado con Aerodom, así como la recuperación de más de 289 millones de dólares retenidos supuestamente por dicha empresa.
La entidad explica que es inconstitucional e ilegal el decreto 220-04, que traspasa sin aprobación del Congreso el cobro de la tasa de US$1.30 y que extiende también el mismo contrato. Una comisión especial del Senado intenta legitimar este contrato, según informa una nota de prensa de la fundación.
El contrato se inició en fecha 7 de julio del 1999, donde el Estado la entregó en concesión en favor de Aeropuertos Siglo XXI, S. A., los aeropuertos internacionales Las Américas, Gregorio Luperón, Arroyo Barril y María Montés, otorgándole la administración, operación, mantenimiento, explotación económica, renovación y expansión de estos.
El contrato define las condiciones con las que debe cumplir Aerodom: 1) Inversión por un monto de US$203,000.00, en los primeros de tres años concesión, y un monto anual similar durante la vigencia del citado contrato. 2) Establecimiento fondo de promoción Turística por US$85,000,000. 3) No aumento de las Tarifas vigentes al momento de la firma. 4) Respeto a los arrendamientos suscritos con anterioridad a la Concesión. 5) Respeto a los Ingresos reservados del Estado. 6) Duración de la concesión por 20 años.
En el mismo orden, Aerodom recibió el lunes pasado una sentencia a su favor y de la Comisión Aeroportuaria emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, sobre un recurso de amparo impuesto en su contra por la Asociación de Tiendas de Zonas Francas supuestamente por violación de contratos de arrendamiento de espacios.
