La Fundación Internacional Baltazar Garzón (FIBGAR), advirtió que, a pesar de los adelantos en el marco jurídico internacional en materia de libertad de expresión y acceso a la información, a la red de Internet le falta una regulación única y un control centralizado a través del principio de gobernanza internacional.
En tal sentido, el responsable de proyectos y abogado de la Fundación FIBGAR, doctor Aitor Martínez, dijo que esa institución trabaja en la adecuación de esos instrumentos jurídicos internacionales para adaptarlos a los nuevos retos de la era de Internet.
En su enfoque sobre la “Internet y la “Revolución de la comunicación”, el experto relató que mientras en la Edad antigua y media la comunicación era uno a uno, en la Moderna y contemporánea se produce de uno a muchos, poniendo como ejemplo a los medios de comunicación de masas (radio, televisión, etc.).
Dijo que ahora en cambio la comunicación con el Internet es de “muchos a muchos”, con la salvedad de que esta herramienta está “falta de regulación única y de exención de un control centralizado”.
Manifestó que los esfuerzos para establecer un orden jurídico sobre la Internet se coordinan a través de la figura del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU), la cual promueve la libertad de expresión, y de la que especificó, fue creada por el Consejo de Derechos Humanos del organismo mundial, ante la falta de adecuación de los instrumentos internacionales a la era de Internet.
Explicó que el Relator Especial tiene entre sus funciones fiscalizar el cumplimiento de los Estados, instar al desarrollo de iniciativas, la creación de Soft Law, y elevar propuestas de resoluciones al Consejo y Asamblea de la ONU sobre aspectos jurídicos de regulación de los derechos ciudadanos en la Internet.
Martínez hizo sus planteamientos en la conferencia “Los derechos ciudadanos en la era de Internet”, dictada en el Diálogo sobre la Gobernanza de Internet e Intercommunity 2015” celebrado en esta capital por el Capítulo República Dominicana de Internet Society (ISOC-RD), con el apoyo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y ISOC GLOBAL.
En su exposición, el experto sistematizó los avances logrados desde la Relatoría de la ONU, así como los retos que se plantean para los Estados, en términos de instaurar sistemas jurídicos que garanticen los derechos ciudadanos en la era de la Internet.
Se refirió al rol de la FIBGAR en la promoción, sensibilización y defensa de los derechos humanos a nivel global, al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en Internet.
Martínez destacó los principales retos y propuestas planteadas por el Relator Especial de la ONU, resaltando que “el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información rige y es extensible a Internet, lo que obliga a los Estados” a su cumplimiento, como son los Tratados imperativos que comprenden la Internet (Resolución A/66/290) y la Declaración conjunta RE, OSCE, OEA y CADHP del 1 de junio de 2011.
“Por lo tanto, hay que legislar internacional y nacionalmente más allá del marco actual”, señaló Martínez refiriéndose a la recomendación hecha por Resoluciones de Naciones Unidas.
Indicó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en el 2012 resoluciones que impulsan la promoción de las recomendaciones respecto a los derechos ciudadanos en la Internet, al considerar ésta como un instrumento de desarrollo económico para los países, y que por tanto, se trata de un bien global.
Manifestó que además el Relator Especial alertó repetidamente acerca del uso abusivo de la injerencia del Estado justificada en la cláusula de Seguridad Nacional y como medidas antiterroristas.
¿Es un derecho el acceso a Internet?
Martínez exteriorizó que en la actualidad están abiertas a debates las cuestiones sobre si el acceso a Internet es un derecho, cuál será el contenido y los límites al contenido de ese derecho.
Consideró que mientras parte de la doctrina jurídica considera que cumpliría los requisitos de un derecho de primera generación (negativo), impidiendo que el Estado pueda negar el acceso; la otra parte entiende que podría corresponderse con un derecho de tercera generación (colectivo).
El experto explicó que en tanto el Relator Especial de la ONU considera el acceso a Internet un derecho en sí mismo, el Consejo de DDHH decidió posteriormente que es un “derecho esencial” para el desarrollo de otros derechos humanos.
Asimismo, instituciones como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han precisado que el acceso a Internet no es un derecho humano, sino que se trata de un derecho fundamental que debe ser recogido por los Estados. Agregó que ya algunos países han comenzado a aprobar las Cartas de Derechos del Internauta.
Destacó que naciones de todo el mundo han dado respuestas a la necesidad de establecer instrumentos jurídicos que regulen los derechos ciudadanos en la Internet, citando entre estos a África donde se presentó este año 2015 la Declaración Africana sobre los Derechos en Internet, la cual vendrá a completar la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.
Dijo que esta Declaración contiene el derecho de acceso a la infraestructura, de acceso a los contenidos, libertad de expresión, derecho a la información, libertad de asamblea y asociación en Internet. También, garantizará a los pueblos africanos la diversidad cultural y lingüística, derecho al desarrollo, privacidad, seguridad en Internet, grupos marginalizados, derecho a la tutela judicial de las violaciones y un marco de gobernanza democrática de Internet.
