El régimen de función pública en el Estado persigue dignificar la labor del recurso humano de las instituciones, reconociendo e impulsando la profesionalización de los trabajadores de la administración pública y evitando que los cambios de incumbentes y de Gobierno representen una amenaza.
Las iniciativas encaminadas a lograr lo antes descrito tuvieron su primer resultado concreto en 1991, con la aprobación de la ley 14-91 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, compromiso ratificado por el Estado con la firma de la Carta Iberoamericana de la Función Pública en el año 2003, pero que no fue hasta el 2008 -con la aprobación de la ley 41-08- cuando más se impulsa esa ola de reformas. La función pública también abarca a los ayuntamientos, pues la ley 176-07 establece un estatuto del empleado municipal.
Con esas prerrogativas, los funcionarios de los cabildos, sin incluir los puestos que son escogidos por el voto popular, tienen derecho al sistema de seguridad social, riesgos laborales, salud y pensiones, bajo los lineamientos de la ley de seguridad social que rige tanto a los empleados públicos como a los privados.
Además, esta legislación limita la designación de funciones en la administración dependiendo del número de habitantes, tal es el caso del cargo de secretario general, reservado para los municipios que tengan más de 100 mil habitantes y el de gerente financiero, para los que tienen más de 30,000 pobladores. Además, corresponde a los concejos de regidores definir los puestos de trabajo y reglamentar sus funciones.
La ley también manda a ejecutar programas permanentes de capacitación de sus funcionarios y empleados, lo cual implica erogación de recursos. En fin, los legisladores previeron enmiendas que garantizaran la permanencia en su puesto de un trabajador público entrenado y capaz, pero las acciones políticas que se producen cada cuatro años desconocen esa realidad y pretenden mandar a la calle a un activo importante para el desarrollo de los territorios, con el único propósito de favorecer al “compañero”, aunque eso represente un retroceso para las instituciones.
