La región latinoamericana, después de siglos de dependencia colonial, inestabilidad política y dictaduras, ha vivido durante las últimas décadas un período de relativa estabilidad democrática. La caída de los regímenes autoritarios y la realización de elecciones mínimamente libres, dieron lugar a un proceso de democratización que fue conocido, desde la perspectiva de Huntington, como la tercera ola democratizadora. Sin embargo, diversos hechos han demostrado que la democracia Latinoamérica, no se ha sostenido sobre bases firmes.
El último de estos hechos lo constituye la reciente destitución definitiva de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil. Luego de un juicio político, no por corrupción sino por ajuste inadecuado de las cuentas del presupuesto público; un grupo de senadores decidió desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y sacar a Dilma del poder. Un congreso donde muchos de sus legisladores tienen vínculos con la gran corrupción, recurre a métodos “constitucionales” para llevar a cabo una acción antidemocrática, un golpe parlamentario, contra la primera mujer que alcanza la presidencia en este país.
No se puede ocultar la responsabilidad de dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) en los escándalos de corrupción que han salido a la luz pública en Brasil. Sin embargo, este no es el caso de Dilma Rousseff. Más bien, quienes se han beneficiado de la corrupción sacan provecho de esta crisis política. Por la tanto, las razones de la destitución de la hasta hace poco días presidente brasileña, tienen que buscarse en otros lados. Estas razones tienen que ver más bien con la fragilidad de la democracia que se ha construido en la región.
Cuando el sistema político intenta ir más allá de sus formalidades democráticas, se torna peligroso para algunos sectores. Atender, como lo ha hecho el PT durante su 13 años de gobierno, a resolver una de los principales déficit de la democracia como lo es el de la pobreza y la desigualdad social, genera descontento en ciertos grupos. Sobre todo de grupos conservadores y de gran poder económico que prefieren ver a los gobiernos ocupados de otros temas menos sustanciales. Son los mismos que aspiran a tener Estados más reducidos y que estén menos involucrados en temas equidad económica y social. Una fragilidad difícil de superar es la existencia de Estados capturados por intereses económicos. Aquellos que lo intenten, como el caso del PT en Brasil, corren el riesgo de ser expulsados del poder, no importa con cuanto apoyo popular cuenten. Tomar en serio la democracia implica la constitución de gobiernos que estén más al servicio de la gente y menos del gran capital.
