Como en octubre del 2010, el Senado escoge nueva vez el camino equivocado en el proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE). Con la reforma constitucional de ese año, la Ley Electoral núm. 275-97 quedó obsoleta. En la nueva Constitución se eliminó la separación en dos cámaras de la JCE y se creó el Tribunal Superior Electoral, distribuyendo las funciones administrativas y las contenciosas electorales entre ambos órganos. A pesar de esto, en aquella ocasión el Senado seleccionó a los integrantes de la JCE sin modificar la ley, práctica que ahora intenta repetir.
Una reforma de la legislación electoral previa a la designación del nuevo órgano electoral es indispensable, pues en ella debería estar claramente definido el proceso de integración de la JCE, el perfil de sus miembros, las competencias de este órgano y las funciones de su presidente. Esto permitiría avanzar en dos direcciones: superar los criterios desfasados para ser miembro de la JCE que aún mantiene la ley y que el procedimiento de elección esté orientado por esta nueva legislación y no por las pautas trazadas por un grupo en particular.
Hoy adquiere una mayor relevancia la realización de un buen proceso de integración de la JCE, pues este aspecto forma parte integral de una serie de transformaciones institucionales pendientes para mejorar la gobernabilidad democrática. Una nueva ley electoral y la ley de partidos, cobraría mayor sentido si existe una disposición real de la clase política de integrar órganos electorales imparciales, que estén en capacidad de hacer cumplir las leyes. Los anteriores procesos de selección de la JCE han generado una profunda desconfianza que solo puede ser superada con una nueva legislación electoral.
En tal sentido, lo más conveniente sería que el Senado aplace el proceso de selección de la JCE y que se retome el diálogo interpartidario, estableciendo como prioridad la discusión de la reforma de la Ley Electoral. Existe un proyecto presentado por el órgano electoral en el 2011 que deberá servir de base para la discusión. Este proyecto contó con la colaboración de la OEA y se puede decir, que es una iniciativa bastante completa, aunque sin dudas, requiere de algunos cambios.
En un plazo no mayor de dos meses se podría tener una propuesta consensuada a ser presentada en el Congreso, para ser discutida y aprobada de urgencia. Teniendo como base esta nueva legislación, entonces se estaría en condiciones para la elección de la JCE y para que los partidos puedan seguir dialogando sobre los otros aspectos pendientes de las reformas políticas e institucionales.
