Servio Tulio Castaños Guzmán sostuvo ayer que es ilegal y contrario a la ética el aumento de pensiones en que han incurrido los ediles de algunas alcaldías.El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que la medida implica utilizar el dinero de los municipios para beneficiar a unos pocos regidores. “En primer lugar, no existe reglamento alguno que establezca una caja de pensión complementaria. Segundo, porque como consecuencia de lo primero, al otorgar pensiones como las que se pretenden no se cumple con los requerimientos mínimos de cualquier sistema de seguridad social, entre ellos, principalmente, el análisis de riesgo actuarial y, lógicamente, el equilibrio financiero”, expresó en un comunicado Castaños Guzmán.
Igualmente, señala que el monto para aumentar las pensiones de los regidores no fue contemplado en el Presupuesto General de la Nación. “Esa erogación supondría una violación a las regulaciones sobre destino de fondos de los ayuntamientos, puesto que implicaría un gasto público corriente vinculado a personal (retirado) que no se encuentra previsto legalmente”, explica la información.
Cataños Guzmán calificó como una irresponsabilidad de esos funcionarios municipales porque generalmente no cuentan con recursos para cubrir los gastos corrientes de las alcaldías.
“Este comportamiento, más allá de poder ser configurado dentro de una violación a presupuestos de carácter jurídico, podemos enmarcarla dentro de un hecho poco ético que no amerita mayores descripciones: se está intentando usar el dinero que debe utilizarse en beneficio de los municipios al margen de lo que establece la ley núm. 176-07, con el fin de beneficiar a unas cuantas personas (regidores)”, señala el jurista. En distintas alcaldías del país se han producido aumento de sueldo y pensiones en el periodo de la transición.
Participación Ciudadana también dice es ilegal
En un informe, la entidad cívica Participación Ciudadana dijo que las jubilaciones o pensiones que han hecho los concejos de regidores de varias alcaldías del país es violatorio de varias leyes y la Constitución. Entre las violaciones que cita la entidad figuran el artículo 138 de la Constitución, la ley 8701- sobre seguridad social y la ley que rige las alcaldías 176-07.
