A FINJUS le preocupa los “abogados” vacíos

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) respaldó la urgencia de una reforma y adecuación de la Ley que regula el Colegio de Abogados de la República Dominicana.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) respaldó la urgencia de una reforma y adecuación de la Ley que regula el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
 
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que resulta incongruente que el país haya realizado progresos importantes en la reforma de las principales instituciones políticas y las haya consagrado en la Constitución de 2010, mientras persisten distorsiones que producen una grave vulnerabilidad en el ejercicio de la abogacía en el país.
 
“Uno de los más destacados es en lo referente a la formación académica y profesional de los abogados en nuestros centros de educación superior”, indicó.
 
Castaños Guzmán precisó también que en nuestro país existe una baja calidad de  los profesionales del derecho provocada, entre otros factores, por una masificación de la oferta de estudio, con una cantidad actual de 26 escuelas de derecho y agravada por una falta de control de calidad, y pobreza en los filtros de entrada y salida de las universidades, que a su vez, se suman y expresan en la falta de regulación del ejercicio profesional.
 
Criticó  que las universidades se centren en implementar modelos informativos por encima de los formativos, ya que este primero no conduce a la reflexión porque se centra en la simple memorización y en la descontextualización social del aprendizaje, lo que es sumamente perjudicial para el futuro profesional.
 
“Nos preocupa asimismo que luego de este proceso, los estudiantes reciben un título vacío de contenido y aplican las formalidades administrativas de la Ley 111 para la obtención del exequátur y su matriculación en el Colegio de Abogados, tras lo cual se  insertan a un ejercicio profesional para el que no tienen las herramientas apropiadas”, dijo.
 
La FINJUS espera que este proceso de reforma a la práctica de derecho y su regulación, deba constituirse en la primera etapa de un proyecto más amplio que permita establecer las bases para el control de la formación de los profesionales del derecho, su ingreso al ejercicio y determinar los requerimientos de su actualización continua.

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