El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró ayer urgente investigar y establecer responsabilidades penales, civiles y administrativas en las supuestas irregularidades cometidas en la remodelación del hospital Darío Contreras.Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que luego de estudiar la resolución 91/2015, de la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre la remodelación y equipamiento ejecutada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en ese centro de salud, es pertinente que las infracciones detectadas sean castigadas.
“Estas acciones son imprescindibles si queremos fortalecer el régimen de consecuencias que garantice la debida transparencia y la eficacia de la administración estatal, que son elementos sine qua non para cumplir con el mandato que la Constitución le asigna a la administración pública, en el marco del Estado social y democrático de derecho que ella consagra”, apuntó.
Castaños Guzmán sostuvo que esa resolución de Contrataciones, como órgano rector del sistema de compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y concesiones, determinó que en la remodelación del Darío Contreras se produjeron serias y graves irregularidades administrativas, vulnerando así principios básicos de participación, razonabilidad, igualdad, transparencias y libre acceso competencial, entre otros. En un documento enviado a esta redacción, el vicepresidente de Finjus reiteró una vez más la no viabilidad institucional de la OISOE, ya que su existencia contraviene disposiciones tanto constitucionales como legales.
“La existencia de la OISOE, no sólo supone la desnaturalización de la función primigenia para la cual fue concebida, esto es, la supervisión y fiscalización de obras, sino que además, genera una duplicidad de funciones respecto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que es la instancia llamada a ejercer la supervisión de obras públicas en el país”, agregó.
