Al cumplirse diez años de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (CPP), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamó al Ministerio Público a ejercer el mando que constitucionalmente le corresponde sobre la Policía Nacional. El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo que la falta de coordinación entre esas instituciones afecta el curso del proceso penal especialmente en la fase de la obtención de las pruebas.
Argumentó que las diferencias entre el Ministerio Público y la Policía tienen su origen en que la segunda se resiste a someterse a la autoridad civil y que el Ministerio Público “no ha sabido o no ha querido ejercer el verdadero mando sobre ella (la Policía)”.
“La falta de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional provoca la debilidad de las acusaciones ante el sistema de justicia penal, dando como resultado que la mayoría de los casos no sobrepasen la fase de la instrucción, así como una acumulación de otros tantos expedientes con un mayor nivel de complejidad que quedan sin resolver”, señala un informe de la Finjus.
Establece que la falta de coordinación unida a la escasez de recursos y a las carencias en la formación de los fiscales dan como resultado malas investigaciones criminales, una débil instrumentación de los expedientes que se presentan y que eso termina poniendo en riesgo “su éxito posterior y promoviendo la impunidad”.
Percibe poca independencia Justicia
Otro aspecto que preocupa a la Finjus en su evaluación de los diez años de la entrada en vigencia del CPP, es la falta de independencia que la sociedad percibe en el Poder Judicial debido a que los magistrados están influenciados por los partidos políticos y los medios de comunicación.
“Se ha determinado que las redes de clientelismo y patronazgo conectan a los tribunales y a su personal con los políticos y con la maquinaria de los partidos. Además, los nombramientos suelen basarse en la afiliación y la lealtad políticas, y no en las cualificaciones y la formación”, señala la entidad.
Castaños Guzmán especifica que estudios recientes muestran que en el período 2000 al 2013, de las 94 denuncias de corrupción realizadas, sólo ocho habían concluido en condena contra los imputados.
Sin embargo, señala que esa falla no puede atribuirse solo a los jueces porque se trata de una cadena que incluye a la Policía Nacional y al Ministerio Público.
“Los jueces también están expuestos a la influencia que ejercen los medios de comunicación sobre los procesos que estos conocen, principalmente aquellos que tanto por los sujetos involucrados como por los hechos acaparan la atención de la sociedad. Cuando los jueces ceden a las presiones mediáticas se pone en riesgo su función como garantes de la Justicia y se fomenta el populismo penal, como ha sucedido con la prisión preventiva”, indica.
A la Finjus también le preocupa la independencia a lo interno del Poder Judicial, principalmente por el traslado de jueces ocurrido recientemente. Señala que esas acciones pueden ser interpretadas como falta de transparencia y como actos de retaliación, castigo o discriminación contra algunos magistrados.
Uso excesivo de la prisión preventiva
Otro aspecto del sistema de justicia que preocupa a la Finjus es el aumento considerable de los presos preventivos que se ha registrado en los últimos años lo que coloca al país como una de las naciones con más internos en condición preventiva en la región. Señala que un 55% de la totalidad de la población carcelaria no tiene condena y que antes de la entrada en vigencia del CPP era de un 60%.
Castaños Guzmán señala que ese dato revela que las autoridades no tienen capacidad para dar respuesta a la cantidad de casos que llegan y se hace un uso indebido de la prisión preventiva.
También criticó la medida cautelar consistente en garantía económica debido a que a los acusados se les imponen sumas tan altas que resultan imposibles de pagar por lo que deben permanecer en prisión.
El informe de la Finjus especifica que de las medidas de coerción, las más aplicadas son la prisión preventiva con 29.74% y la garantía económica acompañada de presentación periódica que asciende a un 21.26% del universo de los casos. En tanto, en un 18.40% no se solicitan medidas de coerción; un 3.39% de los casos no se procesan, mientras que la aplicación del arresto domiciliario es menos del 1% de los casos igual que el cuidado o vigilancia que solo alcanza el 0.16%.
“Estos datos reflejan la ineficiencia de algunos actores de justicia y evidencian que si bien tenemos un código que se base en el principio de inocencia, a la hora de investigar, procesar y sancionar los delitos, estos no han sabido desligarse del todo de concepciones arcaicas, pertenecientes a un sistema retrógrado y contrario a los derechos humanos”, apunta la Finjus en su informe.
Bajo presupuesto, otro problema en la Justicia
La Finjus señala que por el bajo presupuesto las instituciones del sistema de justicia tienen que trabajar en pésimas condiciones de infraestructura, acumulación de casos de infraestructura y bajos salarios.
Señala que en el caso de la Defensa Pública lleva entre el 75% al 82% de todos los casos penales y en el caso de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, la asume el 98% de los casos. Sin embargo, cuenta con un total de 143 miembros, de los que 123 son defensores y 22, coordinadores, lo que significa que cada defensor maneja entre 400 y 700 casos, cuando no deberían llevar más de 200.
Asimismo, señala que el número de fiscales es insuficiente, lo que ocasiona una sobrecarga de expedientes que es atendida por los escasos fiscales. Cita el caso de San Cristóbal, que cuenta con una sola fiscalía en la que se reportaron alrededor de 15 mil 905 delitos en el último año y solo cuenta con 11 fiscales.
26 mil reos en cárceles diseñadas para 11 mil
La Finjus señala que hace diez años, al iniciar la implementación del Código Procesal Penal, la población carcelaria sumaba 13 mil reclusos, aproximadamente y que para octubre del 2012, había 23 mil 300 personas privadas de libertad en 42 centros de detención cuya capacidad prevista era solo para 11 mil 505. Señala que en la actualidad, el país tiene más de 26 mil internos. La Finjus reconoce que en los últimos 15 años ha habido avances en el sistema de justicia con la implementación del Código Procesal Penal y la reforma constitucional. No obstante eso, señala la Finjus, paralelamente han surgido fallas y retos que de no corregirse rápidamente, ponen en peligro la efectividad y durabilidad de los frutos alcanzados hasta ahora. También aboga por impulsar la reforma policial.
Medios
Cuando los jueces ceden ante las presiones mediáticas ponen en riesgo su independencia como garantes de la justicia”
Partidos y justicia
Las redes de clientelismo y patronazgo conecta a los tribunales y su personal con los políticos y la maquinaria de los partidos”.
