La Fundaciónón Institucionalidad y Justicia-Finjus- expresó este lunes preocupación por la decisión de la Junta Central Electoral-JCE- de enviar a la Dirección General de Migración los expedientes de más de 19 mil descendientes de haitianos.
La entidad consideró que esa decisión coloca al país en una situación de cuestionamiento ante organismos internacionales y reflejan los niveles de incoordinación y no sujeción a la ley que ocurre en algunas instituciones nacionales.
Recordó que el Pleno de la Junta Central Electoral en la sesión administrativa ordinaria del 21 de febrero del 2013 se decidió enviar a la Dirección General de Migración los expedientes de 19,015 casos que, de acuerdo a la revisión de sus registros de declaración de nacimiento, están supuestamente afectadas de irregularidades.
“Esta revisión, que se realiza en el marco de las atribuciones que la Ley 275-97 le atribuye a la Junta Central Electoral, debe ser seguida por el sometimiento a los órganos jurisdiccionales, o sea a los tribunales competentes del orden judicial, de los casos en que se sospeche de la inscripción en falsedad en el registro de dichas declaraciones de nacimiento”, dijo la entidad, a través de una nota de prensa.
La Finjus mostró preocupación porque en lugar de actuar de acuerdo con el orden constitucional vigente, “la Junta Central Electoral haya decidido convertir un asunto de carácter migratorio lo que es un asunto de carácter registral, que de acuerdo al art. 212 de la Constitución, párrafo IV es de su competencia”.
Dijo que por lo anterior no es de extrañar que la República Dominicana sea denunciada ante los organismos internacionales competentes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D. C., para responder ante las quejas de personas que alegan que sus derechos y garantías constitucionales han sido violados por ese organismo.
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) consideró que es digno de reconocimiento el hecho de que la Junta Central Electoral, en el ejercicio de sus atribuciones, depure sistemáticamente las declaraciones de nacimiento de todos los dominicanos, pues de la calidad de sus registros depende la credibilidad de los instrumentos que garantizan la democracia en el país, como el padrón electoral, o que garantizan la legalidad de los documentos de identidad de los ciudadanos dominicanos, que constituyen la base efectiva para el ejercicio de otros derechos como los civiles, políticos, de propiedad, etc.
Sin embargo, entiende que ese ejercicio debe estar ajustado a la Constitución y las leyes vigentes, como un acto responsable que no ponga en riesgo la calidad de nuestras instituciones y que no sea óbice para que el Estado dominicano sea cuestionado innecesariamente por no cumplir aparentemente con las obligaciones que hemos asumido al suscribir los instrumentos internacionales de derechos humanos.
“Por último nos preocupa que esta situación esté debatiéndose permanentemente en un momento histórico en que, en la República Dominicana, se están produciendo importantes transformaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo y otros órganos del Estado, que están definiendo claras políticas de inclusión social y no de exclusión, ampliando el ejercicio de los derechos sociales, como el de la educación, el trabajo y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos”, agregó.
