La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que ha llegado la hora de que los dominicanos se unan para aprobar la ley de partidos que necesita la sociedad, no la que las organizaciones políticas desean.La Finjus consideró que es responsabilidad de todos mantenerse vigilantes ante las próximas propuestas que se presenten al Congreso Nacional, ya que el fortalecimiento del Estado de derecho, “la seguridad jurídica y la gobernabilidad democrática dependen de ello”.
La organización de la sociedad expuso mediante un documento los puntos esenciales que, a su entender, debe contener la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que son la consagración de la naturaleza de los partidos políticos, idoneidad de los candidatos, régimen de incompatibilidades con las funciones y labores político-partidarias.
Además, Finjus considera esencial la democracia interna de los partidos, educación y formación política, igualdad y equidad de género en el acceso a puestos directivos, transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, sistema de sanciones y consecuencias.
Infiltración
La entidad de la sociedad civil consideró que uno de los principales retos que enfrentan los partidos políticos, ante la falta de una ley que los regule, es la infiltración entre sus filas de individuos con antecedentes dudosos, a menudo relacionados con el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico o el lavado de activos.
Puso de ejemplo que en las pasadas elecciones salieron a la luz pública varios casos de candidatos a puestos de elección popular con antecedentes penales o procesos pendientes ante la justicia dominicana, sin que esto condujera a ninguna acción de parte de las autoridades de sus respectivos partidos.
En este tenor, considera vital el rol que debe jugar la Junta Central Electoral, auxiliada del Ministerio Público, en la revisión de los perfiles de los candidatos.
“La Ley de Partidos Políticos deberá establecer las condiciones mínimas para que un miembro de un partido político pueda ser nominado como candidato”, señala la Finjus.
Las condiciones propuestas por Finjus para ser candidato son estar en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos; cumplir a plenitud con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes para ostentar el cargo de elección popular al que aspira y tener un tiempo de militancia o permanencia mínimo en el partido o agrupación política, el cual debe quedar establecido en la misma ley.
También presentar una certificación de la DGII afirmando haber estado al día en el pago de sus impuestos durante los últimos cinco (5) años.
Régimen de incompatibilidades
Según la Finjus, otro punto esencial en la propuesta de ley de partidos, es que debe quedar nítida la prohibición de que los partidos se involucren en actividades ajenas a su fin. En ese sentido considera que debe definirse expresa y claramente en el texto de la ley un régimen que niegue el acceso a la militancia de un partido a individuos que ocupen posiciones o cargos públicos incompatibles con ésta.
“Nos referimos particularmente a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, jueces del Poder Judicial, funcionarios del Ministerio Público, los Miembros y funcionarios de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, y las Juntas Electorales”, sostuvo.
Sistema de partidos está en crisis hace décadas
La Finjus reiteró que el sistema de partidos políticos de la República Dominicana atraviesa desde hace décadas por una profunda crisis. Entre las causas citó el patrimonialismo y el subsecuente clientelismo, el uso indebido e ilegal de los recursos del Estado, las campañas políticas adelantadas, la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en las estructuras partidarias, la falta de rendición de cuentas, la desvinculación con los intereses ciudadanos, los liderazgos rancios y caducos, entre otros males que lo aquejan.
Intentos fallidos para aprobar la iniciativa
Entre el 2014 y el 2015 se realizaron los últimos intentos de aprobar una ley de partidos, cuando la sociedad se debatía entre dos propuestas de ley: la primera sometida por la Junta Central Electoral; la segunda por el Partido de la Liberación Dominicana. Este último proyecto se fundamentaba en el presentado por la JCE, pero eliminando aspectos esenciales, provocando graves contradicciones con el marco normativo y los avances registrados en el proceso de reforma de la institucionalidad democrática.
